Agapito Iglesias ha vuelto a recibir un varapalo en su segundo intento de recusar al magistrado Francisco Picazo alegando "enemistad manifiesta" e "interés directo en el pleito" y, dudando, en definitiva, de su imparcialidad a la hora de juzgarlo.

La primera vez lo recusó para evitar que Picazo formara parte del tribunal del caso Plaza y entonces fue la Sección Segunda de la Audiencia Provincial la que rechazó el incidente argumentando que no había base objetiva suficiente para cuestionarlo. Añadió que "no bastaba" con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad de un magistrado surjan "en la mente de quien recusa", sino que es preciso determinar, caso a caso, si están "objetiva y legítimamente justificadas".

Ahora, ante la inminencia de un nuevo juicio contra Agapito Iglesias por presunto fraude contra Hacienda, en el que el ponente es Francisco Picazo, el constructor lo ha vuelto a recusar. En esta vista se ventilará un delito fiscal por importe de 895.000 euros que Iglesias presuntamente cometió en 2010 cuando aún estaba al frente del Real Zaragoza y el club despidió a Peter Luccin y camufló, supuestamente, en el finiquito lo que deberían haber sido salarios. Junto al empresario serán juzgados el directivo Francisco Checa, su excompañero Javier Porquera, el exjugador blanquillo Peter Luccin y la propia Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

La recusación ha vuelto a ser rechazada, ahora por la Sección Sexta, con unos argumentos muy similares a la anterior resolución. Y, si en aquella ocasión le impusieron una multa de 200 euros por estimar que actuó con mala fe, ahora la sanción ha sido de 3.000 (la mitad de la máxima estipulada) más las costas del incidente.

Alfonso Ballestín, actual presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ha sido el ponente de un contundente auto en el que recuerda al constructor que la "imparcialidad de un juez ha de presumirse" y, por tanto, las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas, según la doctrina del Tribunal Constitucional.

Agapito Iglesias alegaba que esa "enemistad manifiesta" que cree que Picazo tiene hacia él la había demostrado cuando, como titular del Juzgado de Instrucción número 5, instruyó el llamado caso Naves (causa derivada de la presunta corrupción en torno a la Plataforma Logística). Indicaba que entonces le imputó de oficio, sin haberlo solicitado ninguna de las partes; le impuso una fianza sin tomarle declaración en calidad de investigado; le retiró el pasaporte y le prohibió salir del territorio nacional, designó un perito supuestamente de forma irregular, le denegó la grabación de las declaraciones en soporte audiovisual y no le dejó viajar a Bolonia cuando una de sus hijas enfermó.

Alfonso Ballestín recoge en el auto –firmado también por Javier Cantero y Alfredo Lajusticia– que todas las actuaciones llevadas a cabo por Picazo fueron tomadas en el marco de la instrucción de una causa penal y adoptadas "dentro del procedimiento legalmente establecido". Los magistrados entienden que la ley procesal faculta al instructor para dirigir la investigación hacia las personas que considere implicadas –"y sin necesidad de solicitud de parte"–; así como para retirar el pasaporte e impedir la salida del territorio nacional, imponer una fianza y designar un perito. Y en cuanto a la grabación, indican que no había mandato legal imperativo en ese momento para hacerlo. Por todo ello, y teniendo en cuenta que le fue desestimada otra recusación idéntica, aprecian mala fe y temeridad, desestiman su pretensión y lo multan.

Agapito Iglesias recusa a un juez del caso Plazay pone en peligro el comienzo del juicio