El próximo lunes, 1 de octubre, está señalado el comienzo del macrojuicio del caso Plaza, que con 25 acusados y un supuesto fraude de 140 millones de euros a las arcas públicas se ha convertido en la mayor proceso judicial contra la corrupción en Aragón. Sin embargo, el empresario y encausado Agapito Iglesias presentó ayer un escrito planteando la recusación de uno de los magistrados que integran el tribunal, lo que podría suponer el aplazamiento sine die de la vista.

Era conocido que la sala iba a estar presidida por el juez Javier Cantero y que también iba a formar parte de ella Esperanza de Pedro. Pero no fue hasta el pasado jueves cuando se confirmó el tercer miembro del tribunal: Francisco Picazo. Y es precisamente a este magistrado al que Agapito Iglesias intenta ahora recusar alegando "enemistad manifiesta".

El abogado Miguel Ángel Alemán, encargado de la defensa del expresidente del Real Zaragoza, recuerda en su escrito de recusación que fue precisamente Picazo quien instruyó y llevó a juicio a su cliente por el llamado caso Naves. Como consecuencia, la Audiencia Provincial lo condenó a cuatro años de prisión por un supuesto sobrecoste de 8,2 millones en la construcción de 119 naves en la Plataforma Logística de Zaragoza. Sin embargo, el Supremo tumbó después esa sentencia y absolvió tanto al constructor como a los otros dos condenados: el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el exviceconsejero de la DGA Carlos Esco.

Otro juez deberá decidir

A la hora de justificar la supuesta enemistad manifiesta, el letrado de Agapito Iglesias recuerda que fue el magistrado Francisco Picazo –entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5– quien decidió imputar "de oficio" al empresario en el caso Naves, "sin que ninguna acusación lo solicitase". Lo hizo, dice en su escrito, "en base a meras elucubraciones que no tenían ningún respaldo probatorio", imponiéndole además una fianza de 18,8 millones "sin siquiera oírle en declaración".

Al no poder hacer frente a dicha fianza, Picazo acordó el embargo inmediato de la totalidad de los bienes del acusado. "Medida esta que causó un gravísimo perjuicio patrimonial y personal al señor Iglesias", asegura su abogado. Pero hay más, ya que el empresario también reprocha al juez que, "nuevamente de oficio", decidiera retirarle el pasaporte.

Según el letrado Miguel Ángel Alemán, el instructor justificó aquella medida en una información del Grupo de Blanqueo de Capitales que sospechaba de un inminente viaje del constructor a Perú. "Advertido del error por el juzgado y pese a ser consciente de que no se había reservado viaje alguno a Perú y de que no existía ningún motivo para pensar en la fuga de mi representado, decidió mantener la medida", recuerda.

Entre las razones para recusar al magistrado, el letrado de Agapito también arguye el hecho de que Picazo remitiera uno de los recursos del empresario a la Fiscalía para que investigara si al cuestionar su imparcialidad había incurrido en una infracción penal.

Conocidos los argumentos del acusado, será ahora el propio recusado quien tenga que pronunciarse. Si optara por apartarse, la Audiencia nombraría un juez sustituto para completar el tribunal y se celebraría el juicio. Pero si Picazo rechaza los argumentos de Agapito Iglesias, será necesario nombrar un juez instructor que tramite el incidente y decida si procede o no la recusación. En tal caso, los plazos obligarían necesariamente a aplazar el juicio.

No le dejó visitar a su hija en el hospital

El empresario Agapito Iglesias se siente perjudicado por el magistrado Francisco Picazo, al que ahora recusa, no solo en lo económico y profesional, sino también en lo personal. De hecho, en el escrito con que intenta apartarlo del tribunal del caso Plaza alega que este le impidió acompañar a su hija cuando se encontraba afectada por una grave infección pulmonar en un hospital de Bolonia.

El juez le había retirado el pasaporte, por lo que el encausado solicitó una autorización especial para desplazarse a Italia. Según el abogado de Iglesias, Picazo se negó a conceder el permiso por no estar acreditada adecuadamente la causa del viaje. "Dicha decisión provocó que la hija del señor Iglesias no pudiera recibir la visita de su padre cuando la misma se encontraba en una delicada situación de salud e irrogó por su parte al señor Iglesias un grave daño personal que carecía de justificación", indica.