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La ministra Robles cambiará el protocolo de acoso tras recibir a la capitán de Zaragoza que denunció a sus mandos

La oficial fue acusada de injurias tras denunciar que en los vestuarios femeninos del cuartel de San Fernando aparcaban bicis los militares varones. 

Cuartel de San Fernando. Vistas / 24-01-06 / foto GUILLERMO MESTRE Gui37057.jpg
Vistas del acuartelamiento de San Fernando de Zaragoza.
Guillermo Mestre

Atreverse a denunciar por discriminación por razón de sexo o por acoso sexual a un alto mando militar del Ejército español sigue teniendo un precio. Ejemplos los hay, y escandalosos, de mujeres que se decidieron a señalar a sus superiores por comportamientos sexistas e incluso delictivos y que, a pesar de que algunos llegaron a ser condenados a penas de prisión, ellas acabaron denunciadas por injurias y terminaron por abandonar el servicio a las Fuerzas Armadas (FAS).

A la capitán del Ejército de Tierra que se le ocurrió denunciar en 2016 a los entonces delegado y secretario de Defensa en Aragón, coronel y teniente coronel, respectivamente, tampoco le ha ido mucho mejor que a sus congéneres. La oficial zaragozana, recogiendo el sentir de media docena de compañeras, se atrevió a rellenar el formulario (calificado de "peligroso" por el juez sustituto togado militar nº 32) del protocolo de la Unidad de Protección frente al Acoso y marcar la casilla de acoso “por razón de sexo”.

En él describía una decisión de sus superiores consistente en haber restringido el uso del vestuario femenino asignado a las oficiales del acuartelamiento de San Fernando de Zaragoza para que los militares varones pudieran seguir aparcando allí dentro sus bicicletas, algo que ocurrió en junio de 2016. Las mujeres quedaron finalmente expulsadas del mismo tras mostrar su malestar por las decisiones de Defensa y fue el jefe del acuartelamiento quien finalmente las reubicó en el vestuario de tropa femenina, donde siguen.

Su denuncia contra los mandos cayó en saco roto y fue archivada sin posibilidad de recurso, decisión que ratificó la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el mismo día que cesaba en el cargo. Pero no solo eso, sino que el coronel y el teniente coronel delegados de Defensa en Aragón denunciaron a la capitán por la vía penal militar por delito de "deslealtad contra su honor por denuncia falsa, injurias y calumnias".

La capitán se vio obligada a costearse una asistencia letrada para defenderse de tal acusación, que terminó con un auto de archivo del juzgado togado militar de Aragón admitiendo que nunca faltó a la verdad y que los hechos narrados eran ciertos. Aun así, el juez le dedujo una falta disciplinaria porque entendió que el hecho de que la oficial hubiera dicho que aún podía cursar un parte disciplinario contra sus jefes –que no llegó a presentar­– era "cuando menos" una "petición o reclamación indebida". La falta también fue archivada por falta de motivo.

Pero la capitán no se quedó ahí. También tuvo el arrojo de denunciar que antes de la instrucción de la información reservada previa para averiguar si el coronel y el teniente coronel de Defensa habían podido cometer discriminación por razón de sexo en el asunto del vestuario, el instructor había entregado a los dos implicados una copia de la denuncia, los datos personales de la oficial e incluso su teléfono particular. Su abogado, Enrique Trebolle, así lo demostró.

De acuerdo con la Ley de Régimen Disciplinario de las FAS y la de Igualdad, la capitán consideró que la filtración de la denuncia podía constituir una "falta muy grave" por revelación de secretos e incumplimiento del deber de reserva sobre materias clasificadas.

Sin embargo, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre Calle, despachó el pasado 1 de febrero una resolución en la que afirmaba que tal filtración no suponía "infracción disciplinaria" alguna imputable al coronel y al teniente coronel. En opinión del subsecretario, la denuncia de la capitán que se facilitó a ambos no era un "secreto oficial" ni una "información clasificada".

Es más, indicaba que el deber de confidencialidad y derecho a la intimidad "ceden" ante los "derechos legítimos" de las partes implicadas. Añadía que el único motivo de darles una copia fue que pudieran presentar alegaciones y garantizar su derecho de defensa. Lo único que admitió es que proporcionarles el teléfono particular de ella no entraba en ese derecho a la defensa, aunque calificó la acción de "descuido", una "infracción leve" ya prescrita.

Siempre es materia reservada

El problema, y así se lo trasladó a la ministra de Defensa Margarita Robles el 18 de febrero cuando se entrevistó con ella en Madrid, es que cualquier acción disciplinaria en las FAS sí tiene carácter de "materia reservada" desde el principio y no cabe que en una mera “información reservada previa” se facilite la denuncia, ya que los posibles autores deben ser ajenos a la identificación de la denunciante y sus datos personales.

Tras hablar con la capitán, la ministra se comprometió a "mejorar" la actuación frente al acoso sexual y la discriminación por razón de sexo. De hecho, así lo hizo público Robles en su comparecencia del pasado 28 de febrero en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

"Tenemos un protocolo que tras tres años de entrada en vigor se va a evaluar para mantenerlo puntualmente actualizado. Sobre todo, vamos a incidir especialmente en cuestiones para reforzar el carácter anónimo y reservado, proteger la identidad de las personas que denuncian y evitar que haya filtraciones que vulneren la ley de protección de datos", dijo Margarita Robles. E insistió: "Queremos que las personas que sufren este tipo de acosos sepan que su identidad está debidamente protegida".

Pues bien, después de esta rotunda declaración de intenciones, resulta que el borrador para mejorar el protocolo lo está haciendo el subsecretario de Defensa De la Torre, el mismo que hace un mes y medio contestó a la capitán todo lo contrario de lo que en él figura, que su denuncia en el juzgado no era confidencial y que los implicados tenían pleno derecho a conocerla de antemano y, por lo tanto, no había motivo para actuar contra contra ellos por revelación de secretos. Los abogados de la capitán, según han manifestado, están estudiando imputaciones penales por la filtración de la denuncia y el uso ilícito de la misma para llevar a la oficial ante los tribunales militares.

Cuando la ministra de Defensa se enteró del asunto de la capitán zaragozana y de las irregularidades en el trámite de su denuncia se comprometió a modificar el protocolo de actuación frente al acoso y discriminación sexual en las FAS y cesar en el destino a los implicados. No ha imputado a nadie disciplinariamente, ni tampoco lo ha hecho el subsecretario de Defensa conocedor del caso.

El Ministerio ha admitido a HERALDO que se está tramitando un «proyecto instrucción» del subsecretario por el que se impulsan medidas en relación con el citado protocolo. «Es un compromiso desde principio de la legislatura que aparecía en la memoria de objetivos del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, decaído», dice Defensa. Sobre el cese de los destinos, indica que «se efectúa por cualquiera de las causas establecidas» en el reglamento militar.

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