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Zaragoza

Tribunales

Seis meses de cárcel por descargarse material pedófilo desde un centro cívico

El hombre, de 40 años, vivía a 100 metros de la instalación municipal y utilizó su red wifi para bajarse unos 300 archivos de pornografía infantil.

Audiencia Provincial de Zaragoza.
La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza.
G. Mestre

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la pena de seis meses de prisión que el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital aragonesa impuso el pasado enero a un vecino del Actur de 40 años por un delito de tenencia de pornografía infantil.

La Policía Nacional detuvo al encartado en febrero de 2016 tras ser informados de que alguien se conectaba a la wifi de un centro cívico del Actur para descargarse archivos de contenido pedófilo. Los agentes contabilizaron 600 archivos bajados por un solo ordenador y comprobaron que la mitad contenían imágenes de menores en actitud claramente sexual.

Los investigadores identificaron el ordenador desde el que se realizaban las conexiones, que se ubicaba en una vivienda situada a apenas 100 metros del centro cívico. De hecho, a veces el acusado ni entraba a las instalaciones municipales para conectarse y los agentes que le detuvieron le pillaron "en plena conexión", según hicieron constar en su informe. En la casa se intervinieron dos discos duros con material sensible, que el acusado renombraba como archivos de idiomas o de música para disimularlo.

La defensa recurrió la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 alegando que la magistrada había valorado de forma errónea las pruebas que obraban contra el acusado, porque a su parecer ninguna de ellas demostraba que quisiera bajarse los archivos.

Ahora, la Audiencia ha fallado rechazando la tesis de la defensa y confirmando la condena de seis meses de cárcel. El tribunal de la Sección Primera afirma que no hubo un error en la valoración de las pruebas practicadas y que estas confirman la culpabilidad del acusado. Sostienen los magistrados que el número de archivos que fueron hallados en el registro domiciliario echan por tierra la tesis de la descarga "no intencional" y ponen de relieve que el acusado ni declaró durante la instrucción del caso ni se presentó al juicio.

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