El Ayuntamiento de Zaragoza tiene claro que no va a poder seguir demorando el pago de la deuda de casi 10 millones de euros a la sociedad deportiva del Tiro de Pichón por una expropiación de 2007. Tras la decisión vinculante del Consejo Consultivo de Aragón de rechazar el proceso de revisión de esa ocupación de suelo, el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, abrió este miércoles la vía de consignar la cantidad adeudada o de habilitar un plan de pagos pactado con el club. Del total de la deuda quedan por abonar 7,3 millones, dado que se atendieron en su día 2,3. Parte de los intereses aún no se han calculado, pero podrían alcanzar cifras elevadas.

El hecho de que se afronte el pago de la deuda, tras una sentencia firme del Tribunal Supremo que así lo avala, no supondrá que el Ayuntamiento abandone la vía judicial. "Estamos estudiando la posibilidad de hacer una acción jurídica más para reclamar la propiedad del suelo", declaró Muñoz, que no aclaró que tipo de pleito estaría dispuesto a emprender.

Según Muñoz, el litigio es "una obligación ética más que jurídica". Explicó que la valoración es "desorbitada", porque se calcula con el aprovechamiento medio del sector, cuando se trata de una zona inundable. Pero, además, señaló que existe un documento de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que puede dar pie a poner en duda la titularidad de los suelos, dado que se podrían considerar dominio público hidráulico y por tanto propiedad de la administración. El Consejo Consultivo rechaza este argumento, dado que no se había hecho el deslinde de la zona expropiada.

Al margen de esta cuestión, este asunto "es catastrófico" para el Consistorio, dado que sienta "un precedente" para otros suelos ribereños. "Se va a pagar una zona verde a precio de La Almozara. Hay que defender nuestra posición hasta el final, nos estamos jugando muchísimo", lamentó.

El PP fue muy duro y recordó que fue el único grupo que rechazó revisar la expropiación –expediente que se archivó este miércoles en la comisión de Urbanismo– y advirtió de que mantener el recurso ha supuesto el pago de más intereses. "Desde que tomaron la decisión esto nos ha costado 270.000 euros. El señor Muñoz dice que es una cuestión ética. Pues la ética, con su dinero", afirmó el edil popular Pedro Navarro. Añadió que la sentencia del Supremo "era clarísima" y que el expediente era "político". El resto de los grupos aseguraron que el Ayuntamiento ha tratado de defender los intereses municipales.

Por su parte, el presidente del Tiro de Pichón, José María Manrique, anunció que, tras la publicación en la web oficial del informe del Consejo Consultivo, los letrados de la entidad solicitaron al Tribunal Superior de Justicia el levantamiento de suspensión de la ejecución de la sentencia. A la espera de lo que se decida, expresó su voluntad de negociar con el Ayuntamiento. "Si algo queremos es a la ciudad de Zaragoza", dijo.