A mes y medio para el comienzo del macrojuicio del llamado caso Plaza, la Fiscalía Anticorrupción ha reconocido a HERALDO que algunos de los 25 acusados ya han llamado a su puerta para intentar llegar a algún acuerdo. Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, encargados de las pesquisas, se han mostrado siempre prudentes y tampoco ahora han trascendido nombres.

En cualquier caso, recuerdan que entre quienes se sentarán en el banquillo por este presunto fraude de 140 millones de euros en las obras de construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza hay "un cajón desastre" de personas que han tenido un papel solo "accesorio". "Nos gustaría que esas personas que no se han enriquecido y no han tenido una función decisiva reconozcan los hechos y tengan una pena proporcional", afirman.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda que no tiene ningún protocolo con los colegios de abogados que marque las condiciones de este tipo de negociaciones previas al juicio. "Nosotros esperamos y si algún abogado viene y nos quiere hablar de su cliente, lo hacemos", indican. "El reconocer los hechos ya tiene de por sí un beneficio en la pena. Normalmente, no vamos a poder ir más allá de la mínima. Pero si el acusado colabora de una manera activa, dando elementos incriminatorios respecto de otros acusados, podemos aplicar una atenuante y rebajar un grado la pena", añaden.

¿Negociará García Becerril?

El principal acusado, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, se enfrenta a 23 años de prisión, y compartirá banquillo con su mujer y sus dos hijas, que se enfrentan a penas de entre 2 y 9 años. Ello podría hacer que negociara con la Fiscalía Anticorrupción un reconocimiento total o parcial de los hechos que beneficiara a su familia. Sin embargo, uno de sus letrados, José María Gimeno del Busto, niega que haya habido contactos y asegura que será en septiembre cuando decidan su estrategia.

"Lo que pasa es que García Becerril fue condenado y el Supremo lo absolvió. También fue absuelto en el caso del kartódromo, por lo que sigue sin condena ninguna. Esto le puede llevar a pensar que va a volver a salir absuelto. Y si es así, suponemos que tanto sus hijas como su mujer presumen lo mismo. Pero yo no lo haría", señalan desde la Fiscalía Anticorrupción. "Es la tesis del suelo –añaden–, porque el suelo de la absolución siempre lo tienen. De todas formas, será decisión suya y de sus defensas".

La Audiencia de Zaragoza ha señalado para el próximo 1 de octubre el comienzo de un macrojuicio que se prolongará, a priori hasta el 31 de enero. "Por la experiencia que tenemos de otros juicios con muchos acusados, hasta que no se ven en el banquillo no reaccionan. Se asimilaría a una escapada con varios ciclistas en la que ninguno tira. Al final, cuando lo hace uno van todos detrás", señalan desde la acusación pública.

Las defensas consultadas por este diario insisten en que, al margen de los 415.180 € hallados a Becerril debajo de un colchón de su apartamento de Salou, en las diligencias hay pocas pruebas de cargo. Pero la Fiscalía Anticorrupción dice tener material suficiente para demostrar los delitos que se atribuyen a los acusados. "Si no tuviéramos pruebas suficientes no habríamos hecho el escrito de acusación. El dinero que se intervino a García Becerril nos servirá para probar un delito posterior al más grave, que es la malversación y que consideramos plenamente acreditada. Vamos tranquilos", aseguran los representantes del ministerio público. "Tenemos unas entradas y registros en los que se intervino abundante documentación, esto no es lo mismo que en los otros casos", apuntan.

En cuanto a los informes periciales, que hablan de trabajos sobredimensionados e incluso obras fantasmas que presuntamente habrían costado millones a Plaza, las defensas confían en poderlos rebatir con sus propios peritos. De hecho, han presentado nuevas pruebas en esta fase final del proceso. "Las han hecho de todo tipo. Algunas construidas incluso después de llegar el asunto a la Audiencia Provincial. Y las tenemos que analizar", señalan desde la Fiscalía Anticorrupción. En cualquier caso, adelantan que lo importante será el juicio: "En el que podremos interrogar por fin a los peritos y comprobar si hay contradicción".

Los fiscales van a llevar al banquillo a Acciona y a otras doce empresas como responsables civiles subsidiarias de esta presunta malversación millonaria. A la pregunta de si las habrían acusado penalmente de haber sucedido los hechos ahora que el Código Penal castiga también a las personas jurídicas, la respuesta es clara: "Sin ninguna duda".