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Tribunales

Caso Plaza: cinco años de la mayor operación policial contra la corrupción en Aragón

A partir del próximo 1 de octubre, la Fiscalía sentará en el banquillo a 25 acusados  en su última oportunidad de probar que hubo corrupción en las obras de construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

Ricardo García Becerril en la Ciudad de la Justicia en una imagen de archivo.Guillermo Mestre

Con media España de vacaciones y la otra media de puente, hace hoy cinco años, la Fiscalía Anticorrupción desembarcaba en Zaragoza para poner en marcha una operación sin precedentes en Aragón destinada a desenmascarar una presunta trama que podría haber malversado 50 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Tras varios años de pesquisas, el juez encargado del llamado caso Plaza llegó a la conclusión de que el ‘agujero’ provocado en la sociedad pública habría sido mucho mayor: 140 millones de euros. Como responsables del mismo señaló a un total de 25 personas, que el próximo 1 de octubre se sentarán por fin en el banquillo para responder de delitos que podrían acarrearles un total de 195 años de cárcel.

Por la magnitud del supuesto fraude y la cifra de encausados, el que está a punto de juzgarse ha sido considerado siempre como el caso principal. Pero la cruzada judicial impulsada por el Ejecutivo de Rudi desde 2012 por las supuestas maniobras de corrupción en Plaza dio lugar a la apertura de hasta diez procedimientos: nueve por la vía penal y uno por la civil. De ellos, siete, han sido archivados o han acabado en absolución, con el consiguiente coste para las arcas públicas, de las que han salido ya más de 600.000 euros para abonar minutas y condenas en costas. De ahí la importancia de este procedimiento y de los otros dos, de menor calado, que siguen atascados en los juzgados.

La Fiscalía, que ha respaldado hasta ahora todas las investigaciones vinculadas con Plaza, se la juega. No le tembló el pulso a la hora de sentar en el banquillo al exgerente de la sociedad Ricardo García Becerril y al consejero delegado Carlos Esco (PSOE), para los que pidió 10 años de cárcel por el presunto reparto de una comisión de 661.100 euros por la compra del antiguo kartódromo de la carretera de Madrid. La Audiencia de Zaragoza apreció indicios, pero no pruebas, y absolvió a ambos.

Los dos se sentaron también en el banquillo junto a Agapito Iglesias, dueño de la constructora Codesport, por el llamado Caso Naves. Y aunque en primera instancia fueron condenados a sendas penas de 4 años de cárcel, el Supremo acabó anulando la sentencia de la Audiencia y los tres fueron exonerados. Tras estos varapalos, el ministerio público se verá obligado a hacer el máximo esfuerzo para demostrar que tanto estas tres personas -que volverán a ser juzgadas- como el resto de encausados esquilmaron las arcas de Plaza causándole pérdidas de hasta 140 millones. Porque en caso de una nueva absolución, la sensación de fracaso sería ineludible.

A falta solo de mes y medio para el inicio de las sesiones, la Audiencia Provincial todavía no ha podido conformar el tribunal que dictará sentencia. El único fijo es el ponente, el magistrado Javier Cantero, quien ya ejerció de presidente en otra de las grandes operaciones contra la corrupción en Aragón: el caso La Muela. Sin embargo, la jubilación del presidente de la Audiencia, Julio Arenere, y la renuncia del exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, por su pasado político, dejan pocas opciones. Hasta el punto de que se han tenido que convocar dos plazas de magistrados de refuerzo y no se descarta recurrir a jueces de otras secciones.

Los entresijos del caso

El juez instructor, José Ignacio Martínez, recordaba en su auto de apertura de juicio oral que los escritos de acusación tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de los letrados de la DGA y Plaza presentaban escasas variaciones en cuanto a los hechos, personas y delitos. Todos colocan al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril al frente de una trama que valiéndose de sospechosas "maniobras" alteró la adjudicación y contratación de las obras de urbanización del complejo logístico hasta disparar su coste en 150 millones de euros. Como la sociedad dejó de abonar las últimas certificaciones, se calcula que el ‘agujero’ final sería de 140 millones de euros.

Para el juez, de esta presunta malversación fueron responsables también José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, los dos exgerentes de la UTE Acciona-MLN (encargada de urbanizar las distintas fases de Plaza), así como varios directores técnicos y jefes de obra. En total, ocho personas a las que las acusaciones pedirán en el juicio que respondan con su patrimonio del sobrecoste millonario.

Para el que fuera viceconsejero de Obras Públicas de la DGA con el PSOE, Carlos Esco, la Fiscalía solicita en esta ocasión siete años y medio de prisión. Le achaca la compra de un suelo por el que, presuntamente, Plaza pagó 4,5 millones de más.

Claves del juicio del caso Plaza

La Audiencia y el Supremo no vieron delito en otros dos casos de Plaza y marcaron un importante precedente. Un jurado absolvió al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y al exviceconsejero de la DGA Carlos Esco en el caso Kartódromo, en el que se les acusaba de repartirse una comisión de 661.100€. El Supremo tampoco halló pruebas para condenar a ambos y al empresario Agapito Iglesias en el caso Naves, anulando una condena de la Audiencia de 4 años.

Becerril sería el único que podría intentar pactar para proteger a su esposa e hijas, también acusadas. Las defensas no han hecho todavía movimientos, pero no se prevén acuerdos con la Fiscalía antes del juicio.El único que podría barajar esta opción es Becerril, dado que le hallaron casi medio millón en efectivo bajo un colchón y podría querer salvar a su familia.

Los informes periciales y los peritos serán fundamentales para aclarar si hubo o no sobrecostes millonarios. Como sucedió con el caso Naves, se prevé que uno de los momentos clave del juicio sea el cara a cara entre los peritos. Los de la acusación presentaron un informe de casi 4.000 folios que enumeraba una retahíla de supuestos excesos y obras fantasma que habrían disparado el precio de las obras. Empezando por la propia maqueta del proyecto, por la que supuestamente se pagaron 117.567 euros de más. Pero las defensas aportaron varios informes de otros peritos negando esos desfases.

 

 





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