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El letrado de Ecociudad aprecia cinco posibles delitos de Santisteve al frente de la sociedad

dvierte de que el alcalde, Cubero y Artigas pudieron incurrir en prevaricación, falsedad, ocultación de documentos, denuncia falsa y acoso al investigar el ‘caso Ecociudad’.

De izquierda a derecha, Santisteve, Cubero y Artigas, durante un pleno municipal
De izquierda a derecha, Santisteve, Cubero y Artigas, durante un pleno municipal
Oliver Duch

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, pudo cometer hasta cinco delitos como presidente de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza. Esa es al menos la conclusión que ha sacado el letrado asesor de este ente público, que advierte en un demoledor informe de que Santisteve pudo incurrir en varias infracciones recogidas en el Código Penal: prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos, acoso laboral y falsedad. Estos mismos delitos podrían llegar a ser atribuidos a los concejales de ZEC Teresa Artigas y Alberto Cubero, que también formaban parte del consejo de administración de la sociedad.

El informe, elaborado por encargo de Ecociudad tras conocerse las conclusiones de la comisión de investigación que analizó la gestión de ZEC al frente de la sociedad, se dio a repartir el lunes a los consejeros. Estos días lo van a estudiar para, el viernes, decidir en una sesión extraordinaria qué hacen con él. Fuentes consultadas por este periódico estiman que, "como mínimo", se propondrá mandarlo a la Fiscalía para que lo investigue y decida si emprende alguna acción judicial. Pero tampoco se descarta que la sociedad municipal presente una querella contra el alcalde y los concejales.

El caso Ecociudad surgió por la sospecha del equipo de gobierno de ZEC de unas posibles irregularidades en la depuradora de La Almozara. La empresa Drace, que la gestionaba, estaba obligada a hacer una serie de mejoras por valor de 220.000 euros. ZEC abrió una investigación que acabó con una denuncia personal de Santisteve ante el fiscal, ya que supuestamente Drace y Ecociudad habrían falsificado un acta para justificar la ausencia de dichas mejoras. Cinco personas –entre ellas el gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero– fueron llamadas a declarar como imputadas, pero la causa se archivó. La justificación que dieron los acusados fue que las mejoras que tenía que hacer la empresa se sustituyeron por otras que se consideraron más convenientes.

El informe presentado el lunes  es muy duro con el mecanismo empleado por el alcalde para investigar este asunto. Santisteve ordenó unilateralmente que se iniciara un procedimiento de información reservada cuando, a juicio del letrado asesor de Ecociudad, es "una facultad reservada al gerente" o al "consejo de administración". Por lo tanto, ve una "manifiesta falta de competencia". Del mismo modo, la decisión de llevarlo a la Fiscalía debería haber sido ratificada por Ecociudad. El abogado también censura el nombramiento de una funcionaria, María José Benito, como instructora del caso.

El informe muestra su "sorpresa" por el modo en el que se investigó si la reunión del 9 de mayo de 2015 en la que Drace y Ecociudad pactaron las mejoras existió o no, como mantuvo Santisteve en su denuncia.

Considera que la investigación abierta por ZEC persiguió "ratificar la misma información de la que ya se disponía" tras la denuncia que hicieron Cubero y Artigas ante el alcalde, y que no se hizo "ningún esfuerzo de contraste de los hechos". En definitiva, que su auténtica finalidad era "configurar un cuerpo de expediente, con apariencia de tal, y documentación incompleta, para su remisión a la Fiscalía", pero "sin ningún interés real en determinar la veracidad de los hechos (...), ocultando información relevante sobre los hechos que se decía estar investigando".

"La voluntad particular"

El letrado asesor de Ecociudad –que defendió la actuación del gerente durante la comisión de investigación– mantiene que, con su actuación, Santisteve, Cubero y Artigas persiguieron "la atribución de la comisión de un delito a cinco personas por unos hechos que no eran ciertos". El objetivo fue "hacer efectiva la voluntad particular" de los responsables de ZEC de "disponer de una información con apariencia de presunta comisión de un delito, a pesar de conocer datos y circunstancias que la contradicen".

Considera el letrado que estas actuaciones "resultarían susceptibles" de constituir prevaricación, acusación y denuncias falsas y ocultación de documentos, delitos que contemplan penas de inhabilitación para cargo público y hasta cuatro años de prisión.

Además, también cree demostrado "objetivamente" el "acoso" de ZEC a Portero, que afectó a "su estado de ánimo y salud". Por eso, aprecia un posible "acoso laboral", con castigos de hasta dos años de prisión. A su juicio, para intentar convencer al consejo de administración de su idea de cesar a Portero, ZEC hizo "una narración de los hechos que no se corresponde con la realidad". Opina que es susceptible de delito de "falsedad", con penas de prisión de hasta seis años.

Por último, no ve delito societario, y considera "prematuro" formular su opinión sobre si es achacable responsabilidad patrimonial al alcalde y los ediles.

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