Cubero esgrime el aval del interventor para impulsar la municipalización del 010

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha hecho público este martes un informe del interventor que no ve “inconveniente legal” para tramitar la municipalización del servicio de atención telefónica 010. De este modo, el responsable municipal ha decidido acelerar las negociaciones con la oposición con el objetivo de aprobar la internalización este mismo mes.

Tras el dictamen de Intervención, el gobierno busca apoyos ahora para subrogar a las 14 trabajadoras del 010 como personal indefinido no fijo, a la espera de que las plazas salgan a concurso en un plazo de 3 años. Cubero se ha mostrado dispuesto a convocar el próximo lunes la comisión de Servicios Públicos para debatir este expediente, siempre que haya acuerdo, al menos con PSOE y CHA. Si no lo consigue, la municipalización irá a la comisión del próximo día 23 de octubre.

“El expediente está concluido. Ahora solo hace falta voluntad política”, ha dicho Cubero. Ha adelantado que este miércoles se reunirá con los grupos políticos y ha advertido que se han cumplido todas las exigencias de la oposición: que hubiera una oferta de empleo público, que pasara por el pleno municipal y que contara con un informe de intervención favorable.

Según Cubero, de este modo se salva el principal motivo por el que según su opinión  los tribunales paralizaron cautelarmente la municipalización del 010 el pasado mes de marzo: que el expediente lo había aprobado el gobierno de ZEC sin pasar por el pleno.

El concejal de Servicios Públicos ha indicado que las 14 trabajadoras del 010, actualmente en huelga, están en una situación “dramática”, dado que llevan 4 meses sin cobrar de la empresa concesionaria, Pyrenalia. “La solución está encima de la mesa”, ha afirmado.

Según sus cuentas, este proceso de internalización supondría 100.000 euros de ahorro, “que se destinarían a mejorar el servicio”. Ha recordado que la ley establece que el Ayuntamiento se hará cargo de los retrasos en las nóminas a las trabajadoras. Estos pagos no supondrían sobrecoste para la administración, dado que el Consistorio no abona las certificaciones desde se constataron los impagos.

Ha agregado que, en paralelo a la remunicipalización, se tendría que modificar la plantilla municipal y la relación de puestos de trabajo (RPT). El plazo para hacer todos estos trámites sería de tres meses. En caso de que no hubiera mayoría en el pleno, se adjudicaría el concurso para la gestión de este servicio que fue paralizado por el gobierno de ZEC en 2015.