Las sucesivas decisiones judiciales respecto a casos de presunta corrupción en Plaza no dejan en buen lugar ni a la Fiscalía ni a las acusaciones del Gobierno de Aragón y la propia Plaza. ¿No estaban bien armadas o no era el momento propicio?

Son asuntos en que yo no estaba cuando se plantearon y no puedo valorarlos pero, en cualquier caso, se habla de seis causas y en cuatro de ellas los archivos se hicieron con el informe favorable del fiscal. Por lo tanto, desde el punto de vista equivocado del concepto de si hemos ganado o perdido juicios, no es correcto. No hemos perdido todos los casos. El fiscal actúa por el principio de imparcialidad y fríamente los estudia y acusa o no acusa.

Pero los dos juicios penales han terminado con dos absoluciones.

Yo siempre digo que el fiscal ni pierde ni gana casos. En el fondo hay un debate jurídico, en uno de ellos (Naves) del Tribunal Supremo y en otro (Karting) de un jurado, que han tomado una decisión. Esto no quiere decir que los fiscales no tengamos que examinarlos para aprender a rectificar las equivocaciones que hayamos podido tener. Pero cuando la decisión de un juez o de un jurado no coincide con nuestra petición es bueno recapacitar y ver por qué y cómo. Cuando digo que ni ganamos ni perdemos no quiero decir que no nos equivoquemos, de lo que se trata es de defender con las pruebas que tenemos una postura determinada. Y eso es un debate jurídico. La justicia no es a la carta ni para el fiscal, ni para la acusación ni para la defensa. Y luego están los recursos, como parte de las garantías del Estado de derecho.

¿Qué ha encontrado en la Fiscalía de Zaragoza, en comparación con la de Huesca?

El trabajo del fiscal es el mismo pero más amplio. No hay grandes cambios.

¿Son suficientes?

Siempre pedimos más. En estos momentos sería necesaria una ampliación de plantilla tanto de fiscales como de funcionarios, pero eso no exime de que haya que funcionar con lo que tenemos.

¿Tienen medios suficientes para combatir la corrupción política?

Bueno, hay una Fiscalía Anticorrupción que trabaja mucho, que se coordina con el resto de las fiscalías provinciales y siempre serían necesarios más medios para ir más deprisa. Pero repito, cuando los medios son insuficientes tenemos que reclamarlos y seguir trabajando con lo que tenemos.

¿Los acuerdos se explican suficientemente a las víctimas?

Cuando hay perjuicios concretos creo que uno debe preocuparse antes de llegar a un acuerdo de informar a la víctima, plantearle las cuestiones e incluso pedir su opinión. Ysi no se celebra el juicio y no hay víctimas, dar una explicación a los testigos, aunque esto es función de quien dirige el juicio. Y esto no se hace siempre, pero una forma de mejorar es dar esa información de los acuerdos.

¿Aún cree que va en serio el proyecto de encargar la instrucción de los asuntos a los fiscales?

El proyecto va en serio, sí. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo dejó bien claro en su visita a Zaragoza y me consta que había una coincidencia entre los partidos para modificar la ley, aunque creo que desde marzo las circunstancias han cambiado por la polémica habida en torno a determinados nombramientos de la carrera fiscal. En estos momentos, no apostaría por que ocurriera a corto plazo. El nivel de confianza en que salga adelante ha bajado.

¿Aunque no tenga efectos jurídicos, qué supone tener un jefe, un fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reprobado por el Parlamento?

Tengo mucho respeto por mi jefe, las reprobaciones parlamentarias tienen una consideración política y creo que los profesionales no debemos entrar.

¿Es partidario de continuar con el sistema actual del Fiscal General del Estado?

La clave, que es la imparcialidad del fiscal, tiene muchas formas de perfeccionarse. El actual Estatuto del Ministerio Fiscal avanzó bastante respecto a la situación anterior, pero todavía hay cosas perfeccionables, sobre todo si se pretende que el fiscal instruya alguna vez las causas penales. Una de las cosas sería que el mandato fuera de cinco años en vez de cuatro. La situación ideal es nombrarlo a través de un pacto en el que intervengan todos los grupos y que se nombrara una figura con la que no hubiera sospecha de parcialidad.

¿Ha vuelto la calma en la casa de los fiscales tras las desavenencias por el relevo de Javier Zaragoza al frente de la Audiencia Nacional y el nombramiento y posterior dimisión de Manuel Moix, (con una sociedad offshore en Panamá) como fiscal jefe Anticorrupción?

Una cosa es la tormenta mediática y otra el problema concreto y, como desconozco lo que pasó exactamente, no puedo opinar. Ha habido unos nombramientos, algunos se han cuestionado, ha habido una dimisión de una persona que yo respeto mucho y ha funcionado el sistema.

¿Le preocupa la imagen de falta de independencia?

El fiscal tiene que ser imparcial. Claro que me preocupa y me duele que se cuestione la carrera fiscal a la que he dedicado mi vida. Me preocupa que se haya creado una desconfianza, pero a la vez me consta que lo que es normal es que los fiscales trabajen con criterio y sentido profesional.

¿Cómo cree que encaja la ciudadanía el cese o el relevo de fiscales en puestos que han funcionado con solvencia?

Hay un sistema que surge con la reforma de 2003 y funciona y es que las jefaturas ya no son vitalicias. Es bueno que tengamos que pasar un examen periódico. Cada cinco años se renuevan los cargos de libre designación, salen a concurso, los pide quien quiere y hay un sistema de elección a propuesta del fiscal general oído el consejo fiscal. Respecto a los cambios, no soy yo quien para opinar si es acertado o no.