El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de exigir al Gobierno de Aragón que le devuelva los suelos de la plaza del Pilar que cedió en su día para levantar los juzgados, lo que implicaría quedarse con una parte del complejo judicial que cerró sus puertas hace cuatro años. La iniciativa municipal se adoptó a mediados de junio a pesar de las negociaciones entre las dos instituciones para dar un uso compartido a las instalaciones, tal y como publicitaron ambas partes a finales de mayo. Entonces, se apuntaba la posibilidad de que el Consistorio abriera un centro cívico para el Casco Histórico y la DGA trasladara allí la Dirección General de Tributos o el Instituto de Servicios Sociales.

La Gerencia de Urbanismo fue la encargada de registrar hace dos semanas el requerimiento ante el servicio de Patrimonio de la DGA, por el que se le conceden tres meses para iniciar los trámites de reversión de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en 1956 y 1986, con las edificaciones construidas, "al haber finalizado el uso para el que fueron otorgados". El escrito, firmado por el director de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda, Pedro Marín, alude al acuerdo adoptado en este sentido por el equipo de ZEC el pasado 26 de mayo, previo a las negociaciones con la Administración autonómica.

Fuentes oficiales del Gobierno de Aragón negaron de forma tajante cualquier posibilidad de entregar los juzgados y señalaron que, en todo caso, el Ayuntamiento tendría que abonar a las arcas autonómicas el coste millonario que supuso la construcción de los edificios. "Es un abuso de derecho evidente, porque el uso judicial ha existido. Recurren a un artificio jurídico", señalaron.

El requerimiento municipal de reversión hace alusión a las dos cesiones gratuitas de suelo que hizo la ciudad al Ministerio de Justicia para construir el complejo judicial en 1956 y una posterior ampliación en 1986. En el primer caso, se entregaron 1.966 metros cuadrados para permitir la construcción de los Juzgados de Primera Instancia y Magistratura de Trabajo con una doble condición: el plazo para edificar se limitaba a cinco años y debía mantenerse el uso judicial durante tres décadas.

Posteriormente, se cedió una porción de terreno de 905 m2 y un solar de 125 m2 procedente del derribo de una casa, ambos enclavados en la calle de las Danzas. Este último ni siquiera se llegó a traspasar a la DGA en 2010, puesto que forma parte del vial de la ciudad. Sobre los terrenos municipales se edificaron parcialmente los antiguos juzgados, repartidos entre dos edificios que constan de un sótano y seis plantas sobre rasante. En total, la superficie edificada suma 24.731 metros cuadrados.

La primera cesión sí cumplió la condición de mantener durante 30 años el uso judicial, aunque en la segunda no se llegó a consumar el plazo por tres años: los juzgados se acabaron de trasladar a la nueva sede de Ranillas en 2013 y la desafección del complejo de la plaza del Pilar se aprobó un año después.

Un enriquecimiento "injusto"

La reclamación municipal se fundamenta, además, en la doctrina del Supremo, que en una sentencia de 2006 reconoció el derecho de reversión a un Ayuntamiento de unos terrenos cedidos para la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil una vez acabó tal uso.

La negativa oficial del Gobierno PSOE-CHA a revertir los terrenos se fundamenta en un informe del servicio de Patrimonio, que apunta que en el ejercicio de reversión se puede recuperar lo donado, pero esto no legítima al Ayuntamiento "a incrementar su patrimonio con aquello que, en ningún momento, le ha pertenecido". De hecho, habla de enriquecimiento injusto y subraya que no existe fundamento jurídico para reclamar las construcciones que se han incorporado a los terrenos cedidos en su día, "salvo que compensara económicamente por ello". Por ello, apunta que se le debería computar el coste de los edificios.

Además, apunta a que el suelo entregado en 1956 se destinó durante más de 30 años a la instalación de los juzgados, por lo que no procedería el derecho de reversión "ni con arreglo a las normas de Derecho Civil ni a las del Derecho Administrativo".

El servicio de Patrimonio sí admite que la porción de 905 m2 cedida en 1986 no cumplió los 30 años de uso judicial, pero sostiene que su devolución no es viable. Y lo argumenta sosteniendo que está integrada en un edificio, concretamente en la zona de conexión de los dos edificios que forman el antiguo complejo judicial, "del que no se puede separar sin grave menoscabo y sin que, por otro lado, resultara de utilidad para el Ayuntamiento de Zaragoza".

Las citadas fuentes oficiales de la DGA subrayaron que no entendían el giro del equipo de ZEC cuando hay abiertas unas negociaciones «a las buenas» sobre la Ley de Capitalidad. «Supone una incongruencia del Ayuntamiento, porque era público que se negociaba el uso compartido de los antiguos juzgados», añadieron.