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Zaragoza

Broto no ve ahora un "peligro inminente" que obligara a la DGA a cerrar la residencia

La consejera de Derechos Sociales acusó de dejación de funciones al anterior gobierno tras el incendio de julio de 2015.

María Broto declaró como testigo ante el jurado
Broto no ve ahora un "peligro inminente" que obligara a la DGA a cerrar la residencia
Óliver Duch

No llevaba ni una semana como consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón cuando a María Victoria Broto, el 11 de julio de 2015, le tocó vivir el que hasta ahora ha sido el trago más amargo de su mandato. Nueve muertos y nueve lesionados en el incendio de una residencia sin licencia municipal de apertura y con el informe favorable de la DGA revocado por no subsanar las reiteradas deficiencias detectadas por sus inspectores, le llevaron a ser muy crítica con sus antecesores. Tanto, que en distintas ruedas de prensa afirmó que el expediente debía haber concluido con el cierre del centro y que el gobierno anterior había hecho dejación de funciones.

Ayer, ante el jurado que determinará la culpabilidad o no de la acusada y, en su caso, si el Gobierno de Aragón es el responsable civil subsidiario, María Victoria Broto dijo que a aquellas declaraciones públicas no se les puede dar valor jurídico. "No recuerdo las ruedas de prensa de esos días; fue una situación muy dura y de muchos nervios. Si hice esas afirmaciones, no se les puede dar valor jurídico porque no partían de los expedientes", manifestó.

Antes de ser llamada para declarar como representante legal de su departamento, Broto recordó que a raíz del incendio decidió poner en marcha un plan de inspección de las residencias para velar por la calidad y seguridad de las personas mayores y que se ha traducido en la clausura de 17 centros. Ahora bien, matizó que ninguno de ellos se cerró como medida cautelar, ya que no se detectó un "peligro inminente" para los usuarios.

Tras el incendio, la consejera hizo varias comparecencias públicas, algunas simultáneas a las de la vicealcaldesa y concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto. Esta manifestó entonces que para el Consistorio la residencia no existía, puesto que (en 1998) se le había denegado la licencia de obras y de apertura y a todos los efectos era alegal.

El letrado que representa los intereses del Gobierno de Aragón, José Luis Gay, no dejó pasar por alto esta coincidencia y le preguntó: "¿No es cierto que hay una concejal que se apellida Broto". "Si, y nos suele pasar con frecuencia que nos confundan", contestó.

Las declaraciones de una y otra fueron avaladas ayer por los respectivos responsables técnicos de sus servicios. La directora de Intervención Urbanística del Ayuntamiento, Concepción Rincón, ratificó que el consistorio denegó la licencia de apertura porque la parcela no tenía las dimensiones mínimas de 10.000 metros cuadrados. Esto llevó aparejado que nunca tuviera el visto bueno del Servicio de Bomberos.

Por su parte, el secretario general técnico del Departamento de Derechos Sociales de la DGA, José Antonio Jiménez, explicó que las deficiencias detectadas por la inspección no eran tan graves como para decretar su cierre. Defendió el trabajo de los inspectores y recordó ?–en contra de lo que dijo la dueña de la residencia el día anterior– que aunque participó y se le llegó a seleccionar para concertar plazas no se le dio ninguna. Incidió en que la actividad del centro era privada y a pesar de ello era inspeccionada y tuvo varios requerimientos. También dejó claro su postura sobre la responsabilidad del Gobierno en este asunto: "Cuando una persona conduce sin carné no creo que hagamos responsable a la Dirección General de Tráfico".

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