El servicio de Inspección Urbanística ha declarado "en estado de ruina inminente" las edificaciones de propiedad municipal situadas en la parte posterior de la ermita de Miralbueno, que tendrán que ser demolidas "con carácter de emergencia". Los trabajos, reivindicados durante años por los vecinos, comenzarán una vez que la DGA autorice la retirada del amianto.

El servicio comprobó in situ el "mal estado de conservación general" del recinto, delimitado por las calles del Camino del Pilón, Vistabella y Antonio Layus y formado por seis parcelas con edificaciones de planta baja y patios que en su día fueron viviendas y naves. La mayor parte de las situadas en la zona central –explica el escrito municipal– "se han hundido y los escombros permanecen en el interior junto con una gran cantidad de vegetación que crece de manera incontrolada" y está afectando "al vallado de adobe de la valle de Vistabella, que presenta riesgo de caída hacia la vía pública". También se alude a las cubiertas de los edificios que lindan con la calle de Antonio Layus, que "se encuentran semiderruidas". Los hay, no en vano, que acumulan "grandes cantidades de basuras" en su interior.

La Policía Local llegó a colocar cintas de forma disuasoria. El servicio, no obstante, tiene constancia de que había personas que seguían accediendo al recinto.

Alberto Casañal, concejal de Ciudadanos y presidente de la junta de distrito de Miralbueno, aseguró ayer que la zona se había convertido "en un foco de infección y problemas". "Había ratas, basura y vegetación. Estamos hablando de la avenida principal, en pleno centro del barrio", recordó. Aunque en el año 2000 se redactó un proyecto a este respecto "nunca llegó a ejecutarse". "Lleva ya 17 años abandonado", resaltó, al tiempo que señaló que "en los tres últimos mandatos apenas se ha invertido un euro en Miralbueno".

Este era un derribo "más que reivindicado". No en vano, fue una de las 10 propuestas vecinales priorizadas en el marco de los presupuestos participativos, aunque no logró salir adelante. Entonces se calculó que demoler los mil metros cuadrados que forman el recinto costaría unos 250.000 euros.

Una vez se proceda al derribo, Casañal se pondrá en contacto con vecinos y colectivos sociales para estudiar las diferentes alternativas. La zona podría convertirse en un espacio verde o en un pequeño equipamiento deportivo.