La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) ha presentado alegaciones contra el acuerdo del Gobierno de Aragón que obliga a los propietarios de panaderías degustación a obtener doble licencia o a renunciar al servicio de bar y adaptarse a las condiciones reales de un establecimiento de estas características, matiz que impide la instalación de mesas o veladores.

El colectivo, que exige la revisión de oficio de todo el procedimiento, sostiene que la DGA no ha contado con el sector y reclama que el acuerdo actual "quede sin efecto". "Se ha escuchado únicamente a una parte. En ningún momento se ha contactado con los trabajadores, apuntó Vicente Gracia, secretario general de ECOS.

Estos negocios se extendieron gracias a la interpretación que hizo el Ayuntamiento del Impuesto de Actividades Económicas. Se estima que hay ya alrededor de una treintena en Zaragoza. En cadenas como Panishop, el cambio normativo afecta a todos los establecimientos que incluyen cafetería. En Frutos Secos El Rincón atañe a dos de sus 57 locales. Fuentes del grupo dicen no estar de acuerdo con la prescripción y estudian "todas las vías de actuación". Otras cadenas como Overpani aseguran no tener nada que modificar, ya que sus tiendas nacieron "con doble licencia". "A los franquiciados también se les exige", explica su gerente, Carlos Arpón.

Ángel Estrada, uno de ellos, trabaja "de acuerdo a la ley" desde hace cinco años y medio. "Invertí 200.000 euros. Lo hice así para evitarme problemas. El café y las bebidas son lo que mantienen el negocio", apuntó. A su juicio, la adaptación será más costosa "en el caso de los particulares", ya que tienen menos recursos que las cadenas. "Hay que insonorizar, ofrecer unos servicios en condiciones... El tema está en que se quiera hacer", añadió.

Martín Martín, por su parte, sostiene que la única cafetería que tiene en la capital "posee licencia de hostelería" y que aquellos locales que tienen barra, unos siete u ocho, cumplen la normativa (la longitud del mostrador no puede superar los dos metros). Los consultados coinciden en que el problema será mayor "en el caso de los particulares" y de aquellos negocios que se sitúan en zonas saturadas, que pueden continuar su actividad pero no podrán realizar obras de ampliación.

Los establecimientos han tenido dos meses para adaptarse, plazo que terminó en marzo. Quienes incumplan la normativa se enfrentan a sanciones económicas e incluso al cierre de sus locales, según consta en la ordenanza municipal. Aunque los hay que ya han recibido "visitas no deseadas" en sus negocios, ECOS sostiene que los empresarios "no deben ser sancionados en modo alguno". Gracia, no en vano, advierte de que si el Ayuntamiento actúa solicitarán medidas cautelarísimas.

La Federación, que informará a sus asociados acerca de las alegaciones presentadas ante Presidencia, asegura que este en un problema grave, ya que en casos extremos puede ocasionar cierres y pérdidas de puestos de trabajo. Aunque las alegaciones parten de Zaragoza, no se descarta que negocios de Huesca y Teruel se sumen próximamente. Gracia, en todo caso, desconoce cuándo podría resolverse la situación, de la que se lleva años hablando.

Quejas en la hostelería

Los sindicatos creen necesario que las panaderías degustación se ajusten a la legalidad. Sus quejas, que ya han sido trasladadas a la Inspección de Trabajo, se centran, sobre todo, en el ámbito laboral. En estos momentos, negocian con las cadenas para que la obtención de dobles licencias se traduzca en mejoras salariales para los empleados, que pasarían del convenio laboral de comercio al de hostelería y ganarían unos 6.000 euros más al año. "Si no están dispuestas y así lo quieren los trabajadores, podríamos ir a los tribunales", adelantaron desde UGT.

CC. OO., por su parte, dice tener constancia de que "hay cadenas en vías de adaptación". Pese a que confían en que la controversia "se vaya resolviendo paulatinamente", fuentes del sindicato reconocen que los empresarios "se lo están tomando con calma" y "no con toda la seriedad que deberían". Por contra, destacan que "se ha paralizado bastante la apertura de nuevos establecimientos". En caso de que el problema persista, aseguran que acudirán de nuevo a Inspección.

Los hosteleros dicen no tener constancia de que la normativa se esté cumpliendo. Recuerdan que "la palabra degustación no es equiparable a consumo". "Se ha cumplido de sobra el plazo", afirmó Jorge Bernués, gerente de Cafés y Bares. Aunque el colectivo "no tiene intención de realizar una labor de persecución", recalcó que estos negocios suponen "una competencia desleal", ya que "invaden otros sectores".

Pese a que ha habido empresarios que se han puesto en contacto con la asociación para saber qué pasos han de dar, Bernués no descarta que haya particulares que reclamen daños y perjuicios al Consistorio por la "confusa" interpretación de la normativa. "El problema lo creó el Ayuntamiento de Zaragoza al no tener muy claro su criterio", opinó.

Aunque "no hay ninguna campaña" en contra de estos establecimientos, fuentes del Consistorio dicen que el Servicio de Inspección municipal actuará si detecta infracciones, ya que, mientras no se diga lo contrario, prevalece el acuerdo ratificado por la Comisión de Espectáculos Públicos del Gobierno de Aragón.