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La acusada del incendio en el que murieron 9 ancianos en Santa Fe será juzgada en junio

Será con jurado popular y está previsto que el juicio se prolongue hasta el 26 de junio.

La residencia de Santa Fe donde ocurrió el incendio.
La residencia de Santa Fe donde ocurrió el incendio.

El juicio por homicidio a una mujer, María del Carmen A. S., acusada de originar un incendio en una residencia de Zaragoza, por el que murieron nueve ancianos compañeros suyos, comenzará el próximo 19 de junio en la Audiencia Provincial de Zaragoza y será con jurado popular.

Está previsto que el juicio por este suceso, que tuvo lugar en julio de 2015 en la Residencia de Mayores Santa Fe, se celebre en la Sección III de la Audiencia y se prolongue hasta el 26 de junio, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, que abrió el juicio oral el pasado diciembre por el procedimiento de jurado, consideró en su auto que la mujer, declarada incapaz desde febrero de 2014, cogió papel y un mechero y se dirigió a una habitación vacía en la primera planta del edificio para prender un colchón, a pesar de que conocía la proximidad de otras estancias con usuarios con movilidad reducida.

Después de quemar el colchón, la mujer bajó al jardín para ver cómo la residencia era pasto de las llamas, según el auto.

El responsable judicial considera a la mujer, de 62 años, autora de nueve delitos de homicidio, de otros nueve de lesiones y de uno más de incendio provocado, y la hace responsable civil subsidiario de los daños causados y de las indemnizaciones reclamadas por las familias de las víctimas.

Además, declara la responsabilidad civil subsidiaria de la propia dirección de la residencia, de su aseguradora, del Gobierno aragonés y de Mapfre, y descarta la del Ayuntamiento de Zaragoza al entender que carecía de competencias en relación al edificio.

Respecto a la acusada, María del Carmen A.S., destaca el juez que su ingreso en la residencia, en abril de ese año, le generó un gran disgusto ya que pretendía su traslado a otra que consideraba mejor.

Sostiene, además, que el anuncio que le hizo su hijo de que se iba a casar y que ella no iba a acudir a la ceremonia aumentó su frustración y le llevó a tomar la decisión de provocar el incendio.

Por estos hechos, el fiscal solicita para la acusada penas que suman más de 62 años de prisión, que las acusaciones particulares elevan a 138 años.

En relación al Gobierno autonómico, el juez advierte que aunque la residencia era de titularidad privada estaba sometida a control e inspecciones por parte de la administración autonómica.

Refiere a este respecto que el propio Departamento de Ciudadanía detectó deficiencias en 2011 en el mantenimiento de las instalaciones, que volvió a constatar en septiembre de 2012.

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