La Justicia anula la jornada de 35 horas que el Ayuntamiento acordó con los sindicatos

La política de personal de ZEC sigue acumulando varapalos en los tribunales. El Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza decidió el lunes anular parte del pacto convenio que el Ayuntamiento de la capital aragonesa firmó con la mayoría de los sindicatos para los próximos cuatro años, a raíz de un recurso presentado por la Delegación del Gobierno en Aragón. La consecuencia directa es que la jornada laboral de los empleados municipales volverá a ser de 37,5 horas semanales, como dicta la normativa estatal, en vez de las 35 que aprobaron el Consistorio y los representantes de los trabajadores y que se empezó a aplicar en enero del presente año. El gobierno de ZEC señaló ayer que estudiarán si recurren o no esta sentencia.

En ese acuerdo estableció, en su artículo 11, que el tiempo de trabajo de los empleados se reducía a 35 horas semanales, y que se complementaría con 2,5 más en formación obligatoria. Sin embargo, la Delegación del Gobierno impugnó el pacto convenio al considerarlo "un fraude de ley". A su juicio, el complemento de la jornada mediante formación era "artificioso", y se planteaba como "un mero instrumento para sortear dicha exigencia legal con el fin de recuperar la jornada existente en el anterior convenio". En definitiva, lo considera contrario a la normativa estatal y pide que se anule.

El Ayuntamiento de Zaragoza y los sindicatos, por su parte, sostienen "la plena legalidad" del artículo impugnado, ya que con las 35 horas semanales más las reservadas para formación se alcanzan "los límites fijados para el sector público" de 37,5 horas.

El Juzgado de lo Social número 3 da la razón a la Delegación del Gobierno. Dice que el convenio impugnado recoge una jornada de trabajo que "formalmente se configura como ajustada a las previsiones legales", pero que "materialmente no permite –ni busca– el cumplimiento de la ley sino, como se denuncia, el sorteamiento de la misma creando una apariencia de legalidad para recuperar la jornada anterior de 35 horas".

La sentencia refleja que el convenio establece "claramente" la diferencia entre la "jornada presencial de 35 horas" y el resto, las 2,5 horas semanales de promedio, a "formación complementaria de naturaleza obligatoria". Sin embargo, el pronunciamiento judicial dice que la jurisprudencia "ha dejado claro que la formación, salvo la estrictamente legal y obligatoria, fuera de la jornada legal es voluntaria para el trabajador", como refleja el propio convenio. Por ello, entiende el juzgado que "cualquier formación realizada dentro de la jornada presencial (...) no podrá computar a los efectos del complemento de jornada ni por ende servir para completar la totalidad de la jornada anual exigible de todo trabajador".

La sentencia considera que las justificaciones que dio el Ayuntamiento sobre el plan para complementar la jornada con formación no fue suficiente. Teóricamente, el Consistorio debería haber presentado la justificación de cómo se iban a prestar las 104 horas de formación anual para cada uno de sus trabajadores. Pero a su juicio, el informe de Recursos Humanos, por sus "exiguos datos", demuestra "la irrealidad" de dicha formación. Concluye que esa formación obligatoria "no responde a la verdadera realidad", sino "a la voluntad (...) de superar la exigencia" de llegar a las 37,5 horas semanales.

Ataque "por tierra, mar y aire"

El concejal de Personal, Alberto Cubero, dijo que esta semana el Ayuntamiento va a estudiar si recurre o no la sentencia, y que mañana se reunirá con los sindicatos para ver qué estrategia siguen a partir de ahora. Cubero interpretó la sentencia en clave política y habló de "ataque por tierra mar, y aire de la Delegación del Gobierno". "Es un nuevo ataque del presidente Rajoy a la autonomía municipal, la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores", dijo.

Asumió que la jornada tendrá que volver a ser de 37,5 horas, y dijo que estudiará cómo se puede volver a aplicar "sin afectar a los servicios municipales". Cubero dijo que este pacto convenio "recuperaba derechos de los trabajadores", y que en algunos casos hay cláusulas que se incluyeron copiadas de las que había "hace 20 años". "Son derechos que los trabajadores van a perder porque la Delegación del Gobierno ha decidido recurrir", señaló el responsable de Servicios Públicos y Personal.