El TSJA suspende cautelarmente la jornada de 35 horas
Nuevo revés en los tribunales para el área de Servicios Públicos y Personal que dirige el concejal Alberto Cubero. Si hace unos días el juzgado Contencioso Administrativo número 2 anuló parcialmente la oferta de empleo público de 2016, el jueves se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido cautelarmente el pacto convenio que el gobierno de ZEC firmó con la mayoría de los sindicatos. Los magistrados de la sección segunda estimaron el recurso de la Delegación del Gobierno en Aragón contra el Ayuntamiento y las secciones sindicales que firmaron el documento, y acordaron su suspensión cautelar a la espera de un fallo definitivo.
La Delegación interpuso el recurso contra varios artículos del pacto convenio, aprobado por el gobierno de ZEC el 4 de noviembre. En concreto, pedía que se eliminara la reducción de la jornada laboral de las 37,5 horas semanales que recoge la normativa estatal a 35 horas. También se refería a la ampliación de los permisos, en contra de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en los supuestos de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, de matrimonio, bautizo o primera comunión; o por traslado domiciliario. La Delegación ya requirió al Ayuntamiento que modificara esos artículos, pero el Consistorio ignoró la petición. Estas modificaciones se aplican desde el pasado 1 de enero, por lo que si se aplica la suspensión los empleados municipales volverían a las condiciones anteriores.
Los magistrados consideran que la reducción de la jornada a 35 horas ocasionaría "modificaciones en el calendario laboral", generando "situaciones difícilmente reversibles que pueden dar lugar a la incorporación de más personal (...) con el consiguiente incremento del gasto público y la permanencia del nuevo personal incorporado". Además, considera que la reducción de la jornada puede afectar a los funcionarios "en cuanto a la organización de la vida personal o familiar".
Esta suspensión se une a la citada anulación parcial de la oferta de empleo público de 2016 y también dentro del área de Servicios Públicos y Personal a la suspensión cautelar del decreto por el que se imponían cláusulas que excluían de los procesos de contratación a las empresas que operan en paraísos fiscales, que también recurrió la Delegación del Gobierno en Aragón.
