El director-gerente de Ambuibérica, Carlos Magdaleno, y otros tres empleados con cargos de responsabilidad de la empresa de transporte sanitario serán juzgados finalmente por delitos de falsedad documental y estafa. En concreto, por la supuesta manipulación del registro de servicios prestados al Servicio Aragonés de Salud (Salud) para incrementar de forma injustificada e ilícita la factura y cobrar 136.811 euros de más.

El juicio por el llamado caso Ambuibérica debía haberse celebrado el pasado 10 de abril en la Audiencia de Zaragoza, pero ninguno de los acusados llegó a declarar, ya que su defensa aprovechó las cuestiones previas para invocar la llamada doctrina Botín y solicitar el archivo de la causa.

El abogado Gabriel Castro recordó al tribunal de la Sección Sexta que en este asunto ni el presunto perjudicado –el Salud- ni la Fiscalía han presentado cargos, siendo la acción popular –a cargo de la Asociación de Ambulancias del País Vasco– la única que acusa. Conforme a las tesis del Tribunal Supremo, cuando esto ocurre, la defensa está legitimada para plantear el sobreseimiento de las actuaciones. Y eso fue lo que hizo.

Llegados a este punto, los magistrados decidieron suspender la vista para estudiar la cuestión. Y a través de un auto hecho público ayer, estos optan finalmente por celebrar el juicio. Lo hacen, dicen, porque no advierten "ningún ánimo espurio" en la denunciante, a la que consideran legitimada para ejercer la acción popular. Además, para la Sala, el hecho de que el Salud haya decidido apartarse del procedimiento no quita que los delitos presuntamente cometidos sigan afectando al interés público.

Falta saber la fecha del juicio

El supuesto cobro de 136.811 euros de más a la DGA por servicios sanitarios ficticios o no prestados llevará finalmente al banquillo al gerente de Ambuibérica, Carlos Magdaleno, y a otros tres empleados: Jorge Pastor Casquero, jefe de tráfico de la empresa, David Llanos Tola, responsable de coordinación de servicios, e Irene Lázaro Benito, administrativa. Para estos cuatro, la acción popular –a la que representa el abogado Alexander Azpitarte– pide penas que suman 17 años de cárcel y 19.800 euros en multas. Por estos mismos delitos, para la compañía propone una sanción de 180.000 euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con el sector público.

Durante la fase de instrucción, la representante procesal de Ambuibérica y los ahora encausados explicaron al juez que no había habido mala fe ni intención de engañar y que todo era consecuencia de un "error informático". Tras pactar una solución con el Salud, este retiró la acusación. Sin embargo, al final habrá juicio. Falta por conocer la nueva fecha.