El interventor municipal avisa de que hay pagos de complementos salariales a funcionarios que vulneran la ley
También considera ilegal que en 2015 se abonaran 29.849 euros en 134 ayudas sanitarias a trabajadores ya jubilados. En un informe de fiscalización ve numerosas irregularidades en contratos menores, subvenciones y otros gastos.
El interventor municipal ha observado numerosas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza durante 2014 y 2015, en aspectos como los contratos menores, las subvenciones, las facturas en los cajones o los pagos al personal municipal. Entre otros asuntos, el máximo órgano de fiscalización económica del Ayuntamiento advierte de que los complementos de productividad que reciben determinados funcionarios vulneran la ley, y que en 2015 se dieron 134 ayudas médicas a trabajadores municipales ya jubilados.
En su primer informe de control financiero, el interventor detecta que en 2015 (bajo el gobierno del PSOE hasta junio y de ZEC desde entonces) hubo 175 empleados que cobraron el complemento de productividad, lo que supuso el pago de 395.819,53 euros. El informe señala que en todos los casos la motivación es "idéntica y genérica", pese a que son personas "con muy diversos puestos de trabajo".
Según el documento, el complemento se atribuye con carácter "fijo y periódico" por el hecho de ocupar un puesto de trabajo en el caso de los miembros de la Unidad de Apoyo Policial (UAPO), los dos vicegerentes de Urbanismo y diversos puestos del Conservatorio de Música, del de Danza y del Área de Alcaldía, lo que a juicio del interventor "vulnera" lo dispuesto en el decreto que regula las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
El interventor recomienda que estos complementos se motiven correctamente y que estén directamente relacionados con "la realización de actividades extraordinarias o de especial rendimiento en el trabajo"; y que si tienen un carácter fijo, se transformen en complementos específicos, modificando por tanto la relación de puestos de trabajo.
En su análisis de las gratificaciones concedidas ese año a los funcionarios, el interventor observa que hubo 134 pagos para cubrir ayudas sanitarias a empleados públicos jubilados, que ascendieron a 29.849 euros. Apunta que este abono "no es ajustado a Derecho", ya que el empleado "pierde los derechos que le corresponderían en situación en activo, ostentando desde la jubilación los que corresponden a su condición de pensionista".
Otras irregularidades
El informe plantea numerosos reparos en otras cuestiones, como los contratos menores. Aunque apunta que su número no es excesivo, dice que algunos de estos contratos se han fraccionado y que otros no se han publicado en el Perfil del Contratante. Sobre las subvenciones, critica que algunas se han duplicado, otras no se han justificado correctamente y que su tramitación ha superado los plazos de seis meses que marca la ley. Además, apunta que "hay proyectos subvencionados cuyo objeto podría ser considerado muy similar a una prestación de servicios".
También analiza los reconocimientos de obligaciones, que son los pagos que hace el Ayuntamiento por servicios se presta sin contrato, generalmente porque este ha caducado. Recuerda que son fórmulas de pago "excepcional" y avisa de que contratar al margen de la normativa puede conllevar la nulidad absoluta".
