Tras meses de incertidumbre, salpicados de conflictos empresariales, políticos y hasta judiciales, la depuradora de La Almozara y la planta de recuperación de aguas de Casablanca tienen desde ayer una nueva empresa adjudicataria. Tras fracasar el intento de municipalización del servicio que promovió el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) –que no fue capaz de recoger los apoyos necesarios para ello–, el consejo de la sociedad municipal Ecociudad adjudicó ayer la gestión de estas instalaciones municipales a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas Ideser, SAV y DAM, de entre las nueve que se presentaron.

Esta empresa llevará este servicio durante los dos próximos años, prorrogables por otros dos más. Ingresará 1.406.578,05 euros, IVA no incluido, por cada uno de los años. La oferta más económica la había presentado otra empresa, Facsa, pero fue retirada por ser considerada como temeraria "y no haber quedado acreditada la viabilidad", según resolvió ayer el consejo de Ecociudad, a propuesta de la mesa de contratación.

Excluida Facsa, la empresa que finalmente ha resultado ganadora fue la que logró una mayor puntuación en el plan de explotación de la planta y en el de organización del personal, así como en la oferta económica –en este caso, empatada con la propuesta de Aguas de Valencia–.

Hasta ahora era la empresa Drace la que gestionaba la planta, y desde hacía casi un año lo hacía sin contrato, al haber expirado su relación con el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el gobierno de ZEC se resistió a sacar un nuevo concurso por su intención de municipalizar el servicio. Esta empresa, que fue objeto de un intenso seguimiento por parte del gobierno de ZEC, ya avisó de que dejaría el servicio el pasado 28 de febrero, pero se le requirió a que siguiera al frente hasta que se adjudicara el nuevo contrato. En principio, si no hay contratiempos o recursos, a lo largo de este mes la nueva empresa debería ponerse al frente de las instalaciones municipales.

Denuncia frustrada del alcalde

La historia de este contrato y de este servicio ha estado llena de sobresaltos, especialmente después de que los concejales de ZEC Teresa Artigas y Alberto Cubero hicieran una visita sorpresa en octubre de 2015 para descubrir unas supuestas irregularidades, que derivaron en un intento de sanción por incumplimiento del pliego de condiciones.

No solo eso, sino que el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, acudió en persona a la Fiscalía, pero el asunto acabó archivado al no encontrarse ninguna prueba que sustentara la acusación. En mitad de esta campaña, el gobierno acometió un intento de municipalización del servicio, encargando numerosos estudios para tratar de demostrar que la gestión en manos públicas resultaría más barata, extremo que ha defendido el gobierno en todo momento. No obstante, un informe de la oficina de análisis económico concluyó que el servicio podría encarecerse hasta los 1,78 millones de euros, frente a los 1,4 por los que finalmente se ha adjudicado.

En octubre del año pasado, un año después de aquella visita sorpresa de Artigas y Cubero, ZEC fracasó en su intento de municipalización, al lograr solo el apoyo de CHA y oponerse PP, PSOE y Ciudadanos.

La gestión de ZEC en Ecociudad va a seguir dando que hablar, ya que próximamente se va a constituir la comisión de investigación que ha solicitado el PSOE, que podría tener tres meses de duración, que se podrían prorrogar durante un mes más.