Cubero tendrá que explicar hoy al juez por qué autorizó la carpa de la cerveza

El concejal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, comparecerá hoy ante el juez que investiga el grave accidente ocurrido durante las pasadas fiestas del Pilar en la carpa de la Oktoberfest, que casi le cuesta la vida a una mujer de 37 años. A la misma hora acudirá Enrique Asensio, jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal. Ambos están llamados en calidad de investigados, lo que antes se conocía como imputados, circunstancia procesal que les permite declarar asistidos de un letrado. En el caso de Cubero, será Francisco Rivas Tena, integrado en los servicios jurídicos del Ayuntamiento, quien le asista. Asensio ha designado al abogado Enrique Trebolle.

Los dos deberán explicar al magistrado cómo se tramitaron los permisos para autorizar la instalación del recinto, y quién y con qué criterio dio el visto bueno a los informes y certificados presentados por el organizador del ferial, Luis G. S., y su ingeniero técnico Sergio E. F.. Estos dos, junto al montador de la carpa, Ángel P. C., son los otros tres investigados por el momento en esta causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Rafael Lasala.

Desde que se hizo público por este diario que Cubero estaba citado por el juez, el edil ha dicho públicamente que todos los informes fueron favorables a la concesión de la licencia de la Oktoberfest y que tanto él como el funcionario habían obrado correctamente.

La acusación particular, ejercida por los letrados Alberto Cervera y Óscar Frontiñán en nombre de la víctima, mantienen que hubo informes positivos sobre el sistema de evacuación, de la protección antiincendios, de la distribución de los espacios, el aforo, los carteles informativos que deben tener todas las instalaciones..., pero no se revisó la seguridad de la estructura.

Los abogados mantienen que el proyecto de instalación por el que se concedía la licencia de actividad debía contener un desarrollo técnico de la estructura, con la correspondiente memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones. Aseguran además que el certificado de fin de obra no fue verificado y que, en su opinión, los técnicos del Ayuntamiento tienen la "obligación" de verificar que dichos documentos se ajustan a la realidad, algo que, en su opinión, no hicieron.

Su tesis difiere con las afirmaciones que Enrique Asensio hizo ante el juez en noviembre de 2016, cuando declaró como testigo. Entonces señaló que su supervisión se limita a revisar la documentación que aportan los técnicos correspondientes, y que entre sus tareas no está "comprobar" si los certificados "se ajustan a la realidad" o no. También afirmó que no tienen competencia para examinar la estructura.

Por otro lado, para los abogados de la acusación es sorprendente que los investigados reconocieran en sus declaraciones no solo que faltaban vigas en la estructura, sino que era una carpa de 15-20 años que "nunca" había pasado una revisión y que "nunca" se mantenía pues el material era de aluminio y no se corroía.