ZEC insiste en su plan de municipalizaciones y quiere impulsar la de Parques y Jardines en abril

Si no logra apoyos, el gobierno prepara los pliegos para licitar el contrato de FCC, que expira este año. Estudia utilizar en otras pequeñas contratas el polémico sistema empleado para rescatar el 010.

Un operario de FCC Parques y Jardines realiza labores de limpieza de ramas.
Un operario de FCC Parques y Jardines realiza labores de limpieza de ramas.
José Miguel Marco

La fuerte polémica suscitada con el rescate del servicio de atención telefónica municipal 010 no va a detener la maquinaria de (intentos de) municipalizaciones de Zaragoza en Común. Más bien al contrario, el mecanismo elegido para introducir en la estructura del Ayuntamiento a sus 14 trabajadoras –con reparos del interventor, mediante decisión de gobierno, tras un decreto del alcalde y en contra del pleno– "abre un nuevo abanico de posibilidades" para el futuro, según apuntan desde el área de Servicios Públicos. De momento, ya señalan cuál es su próximo objetivo y cuándo lo van a afrontar: los empleados de Parques y Jardines para el pleno municipal del mes de abril.

Este servicio, gestionado por la empresa FCC, ha sido desde el principio el gran objetivo del gobierno de ZEC. El contrato, del que dependen unos 250 trabajadores, termina a finales de este año. Desde Servicios Públicos apuntan que ya se está trabajando en los informes necesarios para llevar la municipalización al pleno de abril, pero también en el pliego de condiciones para sacar un nuevo contrato y que siga siendo gestionado por una empresa privada –en caso de que no logre una mayoría de los grupos municipales–.

Esos 250 trabajadores de FCC Parques y Jardines son, a día de hoy, el objetivo prioritario del gobierno de ZEC tras el 010. Hasta hace poco, eran el único objetivo claro de municipalización en el horizonte, junto con los empleados de los puntos limpios. Sin embargo, desde el gobierno anuncian que la experiencia del rescate del servicio de atención telefónica puede ampliar el número de contratas candidatas, a pesar de la polémica que se ha levantado. Hay que tener en cuenta que las posibilidades son casi infinitas, ya que el Ayuntamiento tiene alrededor de 150 contratos externalizados, con entre 5.000 y 7.000 empleados, y que suponen un gasto para el Consistorio de casi 250 millones de euros.

Desde que llegó al poder, ZEC ha tenido una hoja de ruta definida para hacer públicos servicios que prestan empresas privadas. Esta pasaba por encomendar ese trabajo a una sociedad municipal, y que sea esta quien se haga cargo de los trabajadores, a los que se garantizaría el empleo de forma indefinida. Sin embargo, para hacerlo necesitan del apoyo de la mayoría del pleno, y hasta ahora el PSOE –clave para que se apruebe– no ha accedido a hacerlo en ninguna ocasión, por considerarlo más caro y por las dudas jurídicas que suscita. También PP y Ciudadanos se han opuesto por razones económicas y porque, apuntan, no se garantiza un servicio de mejor calidad.

Sin embargo, con el 010 se ha abierto un nuevo camino, que consiste en rescatar directamente el servicio por un acuerdo unilateral del gobierno municipal. ZEC lo decidió a pesar de la opinión contraria del interventor, basándose en otro informe de la asesoría jurídica. Ante este choque entre los dos criterios de los técnicos, el gobierno decidió quedarse con el más conveniente a sus intereses mediante un decreto de alcaldía. La Confederación de Empresarios de Zaragoza anunció que estudiará llevar este asunto a los tribunales.

Este mecanismo, por el que se han interesado otros ayuntamientos, no es el preferido por el área de Servicios Públicos, ya que no garantiza que los actuales empleados puedan mantener sus puestos de trabajo. Como ocurre en el caso del 010, las plazas deberían salir a concurso en menos de tres años, algo que no es necesario si los empleados pasan a depender de una sociedad municipal –que se rige por el derecho mercantil–.

No es aplicable en parques

Sin embargo, el gobierno de ZEC asume que este sistema de rescate de una contrata no se puede aplicar en el caso de servicios básicos que el Ayuntamiento está obligado por ley a prestar, como son la limpieza de los parques, de las calles, la recogida de basura o los autobuses. Por tanto, se descarta aplicarla con los jardineros de FCC.

Además, el gobierno también asume que sería complicado rescatar sin pasar por el pleno otros posibles casos de servicios con un elevado número de trabajadores. Fuentes de Servicios Públicos dicen que este "nuevo horizonte" de municipalizaciones se abre para "plantillas pequeñas, con poca antigüedad o en situaciones de precariedad", que estén dispuestas a asumir "el riesgo" de poder perder sus trabajos si las plazas llegan a sacarse a concurso.

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