Tras meses de discusión y fuera de plazo, pero finalmente el Ayuntamiento cedió. El Consistorio zaragozano transfirió ayer al Gobierno de Aragón los datos necesarios para que pueda comenzar a cobrar a sus vecinos el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Pese a calificar el tributo de "injustísimo", el gobierno de ZEC asumió que los zaragozanos tendrán que abonarlo, al menos hasta que los tribunales se pronuncien sobre los recursos que ha presentado. La DGA, por su parte, interpretó este gesto como "un primer paso", pero instó a que se envíen todos los datos para poder comenzar a girar los recibos.

En una carta, firmada el pasado martes –pero que el gobierno de ZEC dijo que envió ayer a la directora del Instituto Aragonés del Agua–, el concejal de Economía del Ayuntamiento, Fernando Rivarés, manifiesta su "voluntad política de poner fin al conflicto abierto en relación a este impuesto". Así, Zaragoza participaría "de manera solidaria" en la financiación de "las actividades de prevención de la contaminación, abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas de la comunidad autónoma de Aragón".

Eso sí, el gobierno de ZEC dice que lo hace sin renunciar "a los principios de progresividad fiscal y de recuperación de costes" que recogen las tarifas del agua en la ciudad. También apunta la necesidad de apostar por "la transparencia, el control y la gestión pública del agua", para lo que reclama "acometer una auditoría del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón y del Instituto Aragonés del Agua". Por último, pide que la recaudación del ICA en Zaragoza sirva para financiar obras de saneamiento y depuración en la ciudad. La concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, dijo que hacen falta 40 millones de inversión en esta materia, y que el Consistorio tiene previsto invertir 17 en los próximos años.

La misiva enviada por Rivarés al Ejecutivo aragonés recuerda que están "pendientes de sentencia" un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, así como una cuestión de inconstitucionalidad de dos leyes aragonesas al respecto. No esconde la carta que el Ayuntamiento considera que hay un "tratamiento indiscriminado a los ciudadanos de Zaragoza", y acusa al Gobierno de Aragón de no tener en cuenta "el esfuerzo inversor" del Consistorio, que ha pagado íntegramente sus instalaciones de depuración de agua.

Rivarés advirtió de que los datos enviados "no son aplicables hasta que la DGA cambie una orden técnica que es una chapuza". A la espera de estas modificaciones, el Ayuntamiento remitió los datos del padrón necesarios para que se pueda cobrar el ICA y, sobre todo, asumió que los zaragozanos deberán pagarlo: "Es una ley que tarde o temprano va a ser impuesta", sentenció Artigas.

"No hay ningún impedimento"

El Departamento de Sostenibilidad de la DGA confirmó la recepción del fichero de enero de 2016, el primer mes por el que los zaragozanos tendrán que pagar el ICA (hasta 2015 estaban exentos por haber pagado sus infraestructuras el Ayuntamiento). Se felicitaron por esta "buena noticia", pero aguardarán a que llegue la información del resto de meses pendientes para girar un recibo "por una cuestión de racionalidad".

Admitieron que se modificará la orden para "optimizar el proceso", pero avisaron de que ello "no es impedimento para que puedan pasar el padrón completo". Sobre la progresividad, recordaron que no se puede negociar "porque la ley ya dice cómo debe aplicarse", y en cuanto a las obras, señalaron que es un tributo "solidario" y se priorizarán "las obras más necesarias" en cualquier punto de Aragón.