El Ayuntamiento de Zaragoza acumuló en 2016 condenas judiciales que superan los 60 millones de euros, tanto en sentencias firmes como pendientes de recurso. Las más importantes son las vinculadas a las grandes contratas, FCC y Auzsa, que sumaron 44 millones. Además, los fallos judiciales por expropiaciones también fueron una losa para el erario municipal. Supusieron 10 millones de euros, de los que 7,3 correspondieron a la ocupación de unos terrenos en el Tiro de Pichón por la ejecución del plan de riberas del Ebro.

Gran parte de los problemas judiciales del Ayuntamiento han estado vinculados a los impagos a la contrata del bus. En concreto, en 2016 Auzsa (antigua Tuzsa) logró que los tribunales le reconocieran 22,2 millones. La cuantía más importante fue por las revisiones de precios de 2009 (15 millones), que se vieron inmersas en un procedimiento de lesividad (tipo de recurso que se pone en marcha cuando la administración quiere revertir una decisión que ha adoptado). Este proceso podía haber sido mucho más oneroso para el Ayuntamiento, dado que la empresa aspiraba a percibir 45 millones.

Además de los 15 millones, la concesionaria del bus logró que los tribunales confirmaran su derecho a cobrar 5,1 millones por facturas impagadas de 2013 o los 2,1 millones que tendrá que abonar para atender las indemnizaciones por los 153 despidos que se produjeron con el cambio de concesionaria. Esta última sentencia llegó tras un proceso de lesividad que impulsó ZEC, dado que durante el gobierno del PSOE sí se había admitido ese pago.

Respecto a FCC, en 2016 hubo cuatro sentencias, de las que dos son por intereses de demora (1,8 millones reconocidos en septiembre y 1,2, en junio). Pero el fallo judicial más importante fue el de 10,8 millones de principios de año por las revisiones de precios 2012 y 2013. El Ayuntamiento también tendrá que abonar 7,9 millones por las revisiones de 2010 y 2011.

Expropiación millonaria

Pero no han sido estas las únicas sentencias relevantes. El Ayuntamiento sufrió un duro golpe en mayo cuando fue notificada la condena judicial a pagar 7,3 millones de euros por la expropiación de unos suelos en el Tiro de Pichón. El Consistorio había abonado en su día 2,3 millones, pero al final los tribunales valoraron los suelos en 9,6. El gobierno local acordó recurrir.

Por otro lado, en octubre sumó otra condena por valor de 2,6 millones de euros por las obras de la segunda fase del corredor verde. La sentencia estimó íntegramente la demanda de las empresas que se encargaron de la obra, Acciona y MLN, a las que además les reconocieron los intereses de demora y las costas.

Además, el Consistorio fue condenado a pagar la quinta parte de los 20 millones de euros en que se calculan los desperfectos y daños estructurales que causó una dolina en Valdefierro a los residentes de la avenida Las Estrellas. Entre otras sentencias, también se ha visto forzado a pagar 1,04 millones, más los intereses legales, por una sentencia de la Villa Expo, por los sobrecostes en la construcción de las 112 viviendas que sirvieron como alojamiento temporal durante la muestra internacional.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido algunas de estas sentencias a través del fondo de contingencia, que este año estaba dotado con 6,2 millones y que se agotó por completo. Además, tiene previsto solicitar 25 millones del Fondo de Impulso Económico habilitado por el Estado para afrontar sentencias de Tuzsa y FCC. Esta cantidad se suma a los 44,8 millones que se solicitaron en el ejercicio 2015.