El interventor critica el informe de los abogados que fichó Cubero para avalar las municipalizaciones

El interventor municipal cuestiona seriamente la decisión del concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, de contratar a un despacho de abogados con sede en Murcia para que le diera un aval jurídico a los procesos de municipalización de servicios. Es más, pone en duda la experiencia de esta empresa para desarrollar este tipo de asesoramientos a una ciudad como Zaragoza, así como la tramitación del gasto como un contrato menor.

En este sentido, el interventor recuerda que los trabajos se han desarrollado en municipios "que oscilan entre los 800 y los 52.000 habitantes", por lo que no aporta "experiencia" en ciudades de mayor tamaño. Solo hay una excepción: el dictamen sobre la posibilidad de acordar la intervención del servicio de transporte urbano durante la huelga de Zaragoza.

De este expediente se dará cuenta el próximo lunes en la comisión de Servicios Públicos y Personal, que estará marcada por la polémica municipalización del ser?vicio de atención telefónica 010, que el interventor tumbó en un contundente informe del pasado día 23 de diciembre. El gasto, que se tramitó el pasado mes de octubre, ascendía a 16.500 euros, que con el IVA se elevaba a 19.965 euros. Solo se presentó ACAL a esta licitación. El informe defendió la subrogación de las trabajadoras del 010 y llegó después de las dudas expresadas en varios dictámenes de los funcionarios municipales.

El interventor, en un primer informe del 21 de octubre, indica que "no ha quedado suficientemente acreditado" que el Ayuntamiento "no cuente con medios propios" para realizar este tipo de informes. En este sentido recuerda que en el Consistorio hay especialistas jurídicos y económicos con alta cualificación profesional, como los responsables de la Asesoría Jurídica o los técnicos de la Oficina de Información y Análisis Económico y de los Servicios, además de los funcionarios del Área de Personal. Pese a estas advertencias, Cubero no dudo en acudir a una consultora privada para municipalizar un servicio público.

Por otro lado, el interventor se refiere a los criterios de la valoración de 60 puntos de la memoria técnica que debe presentar el licitador,"al no ajustarse a los principios establecidos en la normativa de contratos del sector público". Por otro lado, rechazó que se le dieran 15 a la solvencia profesional del equipo propuesto, dado que es un requisito previo para participar en el proceso.Más argumentos

Tras las alegaciones del Área de Personal, que rechazó las conclusiones del interventor, el máximo responsable de la fiscalización económica y de la legalidad municipal amplió sus argumentos. Deja claro que un contrato menor es un procedimiento "excepcional", dado el que se pierde control y transparencia en favor de la agilidad. Insiste en que para una externalización de este tipo se debe justificar su necesidad y la imposibilidad de dilación en el gasto, y subrayó que "no quedaba suficientemente acreditado que no se contara con medios propios".

Asume que en 2015 se adjudicó un contrato menor a la Universidad con una finalidad "coincidente" y la intervención no aludió a que el Ayuntamiento no contara con medios propios. En este caso, el informe recuerda que en aquella ocasión se contaba con un acuerdo plenario. Y recuerda que la Universidad es una "entidad de la resulta indudable su cualificada capacidad de investigación científica para el estudio y conocimiento en multitud de materias".