Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre, de origen senegalés, como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro contra la Seguridad Social.

Las investigaciones se iniciaron con la denuncia presentada por este individuo, quien indicó que alguien ha utilizado su identidad para trabajar en diversas empresas sin haber realizado la liquidación de impuestos exigibles motivo por el cual la Agencia Tributaria le reclama la cantidad de 16.500 euros, amparándose en la interposición previa de dos denuncias por extravío o sustracción de su documentación.

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha explicado en una nota de prensa que el denunciante manifestó que había tenido conocimiento, a través de Hacienda Tributaria de Zaragoza y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que alguien había estado trabajando simultáneamente en ocho empresas distintas, ubicadas en distintas provincias, utilizando sus datos de identidad.

Ha añadido que según las pesquisas policiales algunas nóminas de dichas empresas para las que el investigado había manifestado no haber trabajado eran ingresadas en sus cuentas bancarias, beneficiándose igualmente de las prestaciones por desempleo generadas por el trabajo desempeñado en éstas.

Al respecto, desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han aclarado que esta práctica "es frecuente entre los súbditos africanos en situación irregular" que, "aprovechando el gran parecido físico entre ellos, suplantan la identidad de otros compatriotas con permiso de residencia y trabajo en España, haciéndose pasar por ellos para acceder a un puesto de trabajo, con la connivencia del titular, quien percibe una compensación económica por la cesión de sus documentos".

De esta forma, una vez ingresada la nómina en la cuenta del suplantado, este le entrega una parte del salario al suplantador, quedándose con el resto como pago por la donación de sus documentos originales, interponiendo denuncia por extravío o sustracción de los mismos con el fin de tener una justificación para eludir la acción de la justicia.

La investigación ha sido desarrollada por miembros del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Zaragoza.