El fiscal no halla pruebas de falsedad y pide el archivo definitivo del caso Ecociudad
La investigación se inició al sospechar el alcalde de la no ejecución de unas obras.
El bautizado como caso Ecociudad, en el que se investiga al director-gerente de la sociedad municipal, Miguel Ángel Portero, y a otras cinco personas por la presunta falsificación de una acta para justificar la no ejecución de unas obras valoradas en 220.000 euros, tiene los días contados.Según ha podido saber HERALDO, la Fiscalía acaba de presentar ante la juez que instruye el asunto un escrito en el que solicita su archivo definitivo y la exoneración de todos los encausados. Lo hace, dice, al no hallar ninguna prueba que permita sustentar la acusación. Y como el Ayuntamiento de Zaragoza no está personado en la causa, la petición del ministerio público del sobreseimiento libre de los investigados debería suponer el cierre inmediato de las pesquisas.
La apertura de estas diligencias se produjo a raíz de la visita que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, cursó en mayo a la Fiscalía Provincial para entregar un expediente donde se ponía de manifiesto un supuesto incumplimiento de contrato. Según el mencionado documento, cuando presentó su oferta para gestionar la depuradora de La Almozara, la sociedad Drace Infraestructuras se comprometió a invertir en las instalaciones 220.000 euros. Sin embargo, una vez firmado el contrato, se decidió que aquellas obras no eran las más adecuadas y nunca se llegaron a ejecutar.
El Gobierno de ZEC supo de estos hechos en octubre de 2015, cuando dos de sus concejales (Alberto Cubero y Teresa Artigas) acudieron a la planta depuradora y comprobaron que las mejoras que Drace había prometido no estaban hechas. El gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, dijo a los ediles que aquellas obras se habían cambiado meses antes, concretamente en abril, por otras valoradas en la misma cantidad. Pero el equipo de Gobierno tenía dudas sobre el documento que daba fe de la sustitución de unos trabajos por otros y acabó llevando el asunto a la Fiscalía.
Al examinar la documentación aportada por Santisteve, el ministerio público apreció entonces indicios de delito, por lo que formuló denuncia en los juzgados contra el director-gerente de Ecociudad y los otros cinco encausados (el jefe de la planta de La Almozara, tres responsables de áreas técnicas de la empresa y el delegado de la sociedad Drace Infraestructuras). En el informe que el alcalde trasladó a la Fiscalía Provincial, el jefe de planta venía a reconocer que la reunión en la que se había decidido cambiar de destino los 220.000 euros nunca se había celebrado. Sin embargo, este empleado, ahora imputado, sorprendió el pasado 20 de julio a la juez al ser llamado a declarar y decir que, en realidad, a la hora de redactar el expediente le habían malinterpretado. De hecho, aseguró que dicho encuentro se celebró y él estuvo presente. Es más, su firma figura junto con la del resto de asistentes en el acta bajo sospecha.
Cuando fue interrogado por la instructora, el director-gerente, Miguel Ángel Portero, explicó que él no acudió a aquella reunión, aunque fue informado después de los acuerdos. El resto de investigados, que sí asistieron, aseguraron que, efectivamente, se decidió reorientar la inversión prevista. Eso sí, insistieron en que todos los trabajos y obras acordadas se ejecutaron y en que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha tenido ningún perjuicio económico.
