El culebrón urbanístico de Averly vivió ayer una jornada clave, con la concesión de la licencia de derribo de la parte no catalogada de la antigua factoría –cuyos suelos son propiedad de la constructora Brial– y, a continuación, con el ofrecimiento de esta empresa de sentarse a negociar una posible permuta durante el plazo de un mes tras dejar claro, eso sí, que su opción preferente es construir en los terrenos de Averly, donde prevé levantar alrededor de 160 pisos.

La licencia de derribo solo hace referencia a la demolición, a expensas de que se defina el futuro plan especial, todavía por redactarse. El ofrecimiento de Brial conlleva la exigencia de que las conversaciones se inicien de inmediato y de que nadie recurra la licencia de derribo. En este sentido el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, de ZEC, dijo que ve posible en estos "días, minutos y semanas" un acuerdo que impida la ejecución de la misma.

El permiso fue tramitado por la gerencia de Urbanismo, pese a la conocida oposición de su máximo responsable y del resto del Gobierno local, ante el riesgo de incurrir en una responsabilidad patrimonial. De hecho, Brial ya recurrió hace varias semanas a los tribunales por daños y perjuicios que le acarreaba la dilatación del proceso –un pleito que se mantiene–.

Finalmente, votaron a favor de la licencia de derribo PP y C’s, mientras que se abstuvieron ZEC, PSOE y CHA. Tanto la formación en el Gobierno como los nacionalistas, ambos opuestos a la demolición, no votaron en contra al tratarse de un acto reglado. Antes, intentaron impulsar sin éxito la protección integral de la zona suspendiendo el expediente y solicitando a su vez un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y una futura compensación a la empresa en un emplazamiento que no concretaron.

A la hora de votarla, Pablo Muñoz (ZEC) calificó la licencia de derribo como un hecho "desgraciado desde el punto de vista urbanístico y jurídico". "Ya no hay margen de maniobra, pero que cada uno asuma su responsabilidad porque las generaciones venideras no estarán orgullosas de lo que se va a decidir aquí", advirtió.

El PP, por su parte, apuntó que la propuesta de última hora de ZEC había sido "un brindis al sol" y el edil Pedro Navarro recordó a los concejales del Gobierno que "en la toma de posesión ustedes prometieron cumplir la ley y Zaragoza no es el lejano Oeste: no se pueden cometer prevaricaciones ni irregularidades, no se pueden pasar la legislación por el arco del triunfo".

"Es usted, Pablo Muñoz, el que como responsable del área trae hoy la licencia de derribo a esta gerencia. Ha sido su incapacidad durante todo un año en dialogar y en llegar a un acuerdo con los propietarios lo que provoca esta situación", dijo Lola Ranera, del PSOE, que no estaba "dispuesta a consentir que desde ZEC se eche la culpa" a su partido. "Los socialistas hubiéramos estudiado una propuesta alternativa seria, pero viene con cuatro folios sin concretar la permuta, ni contar con los propietarios, sin un informe económico... No trae nada", añadió Ranera, que retó a Muñoz a que fuera coherente y retirara la votación de la licencia de derribo, extremo que el concejal de ZEC dijo que no podía hacer. Alberto Casañal (C’s) criticó que el gobierno municipal "intenta solucionar en dos horas un problema para el que no ha hecho nada en 364 días".

La iniciativa frustrada de ZEC

Horas antes de la votación, en un primer y tenso debate sobre Averly, ZEC había planteado la protección total del ámbito con la consiguiente modificación del PGOU y una compensación a la empresa sin haber negociado con la propiedad, algo que solo apoyó CHA y frenaron tanto PP como PSOE y C’s. Estos partidos unieron sus votos para apoyar la propuesta socialista de posponer el expediente durante un mes y dejarlo "encima de la mesa" y solicitar al mismo tiempo toda una serie de informes que les aclarasen, entre otras cuestiones, diversas dudas ante lo que desde el PSOE consideraron una estimación parcial de alegaciones; sobre la legalidad de la modificación del PGOU planteada; los derechos de la propiedad y posibles obligaciones de indemnización; ante la catalogación o sobre una valoración económica de la zona. "No hay seguridad jurídica", insistió Lola Ranera, del PSOE.

Al conocer esta posición, Muñoz dio por perdido el debate y anticipó la tramitación horas más tarde de la licencia de derribo: "No existen dilaciones posibles (en referencia al PSOE), han decidido tirar Averly", manifestó.

El edil de ZEC, que estuvo arropado por varios miembros del Gobierno, llegó a llamar "antisistema" a los de la bancada popular "porque hacen un vaciamiento del sistema constitucional". Pedro Navarro (PP), por su parte, acusó a Muñoz de plantear esta solución "porque estamos a cuatro días de las elecciones y reconoce que está fuera de plazo en cuanto a la licencia de derribo" y recordó que la familia Hauke, los antiguos propietarios, no cederían sus fondos para un museo. Leticia Crespo, concejal de CHA, mostró a lo largo del debate su apoyo a la protección integral y citó para ello la ley de Patrimonio aragonesa.