La falta de acuerdo en el pleno de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, para apoyar la propuesta del Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de modificar el Plan General de Ordenación Urbana y trasladar la zona residencial a otro punto, supone tener que conceder la licencia de derribo de Averly.

Solo CHA se ha mostrado dispuesto a analizar la medida que ha planteado el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, mientras que el resto no la han apoyado, si bien, el PSOE ha planteado la posibilidad de dejar sobre la mesa el expediente para aclarar las lagunas jurídicas que surgen en "los cuatro folios" presentados por el responsable del área y alcanzar un acuerdo con la propiedad.

Esto ha salido adelante con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra de ZeC y CHA aunque, ha advertido el consejero, no impide tener que conceder la licencia de derribo en el Consejo de Gerencia de Urbanismo que se celebra al término de esta sesión.

Muñoz, quien se ha defendido de las acusaciones de prevaricación, ha acusado a los socialistas de "maniobras dilatorias" y ha advertido de que la de hoy era "la última oportunidad" para conseguir la suspensión de la licencia de derribo de la parte no catalogada de la antigua fundición Averly, considerada como la última joya del patrimonio industrial en España.

Según el consejero, la vía judicial está cerrada porque no se admitieron las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento para paralizar la tramitación de la licencia de derribo, por eso el acuerdo de hoy era "la última vía para evitar la desaparición de los edificios no catalogados" en la que, ha advertido a la oposición, tienen "toda la responsabilidad".

Ha asegurado que por parte de la propiedad "solo hay un interés", que es "derribar, cuando no puede construir porque el plan especial no está avanzado".

La intención de Muñoz era impulsar una modificación del PGOU, que requiere de mayoría, para calificar todo el suelo como equipamiento público y posteriormente fijar un área discontinua donde se establecieran unos aprovechamientos urbanísticos en otra zona, lo que, a juicio del edil del PP, Pedro Navarro, supone dar a la propiedad suelos donde quieran.

Según Pedro Navarro, con los "cuatro folios" que ha presentado el consejero "ni se protege al 100 % de Averly" porque es "imposible", "ni es gratis" porque la ciudad "va a poner dinero en terrenos y pisos" y "ni se garantizan los derechos de la propiedad" dado que un tribunal ya ha admitido una denuncia a trámite por daño patrimonial y se les va a causar un "gravísimo perjuicio".

Para Navarro se trata de "un artificio electoral que no tiene sustento jurídico ni técnico" porque ha tenido un año para solucionarlo.

"Lo que ha hecho es montar un expediente para evitar cumplir la ley", ha insistido el edil popular.

La socialista Lola Ranera ha reconocido que habría dado su voto a favor si el expediente hubiera llegado con acuerdo con la propiedad, y no fuera gravoso para el Ayuntamiento pero "ha tenido un año para llegar a acuerdos con la propiedad y no lo ha hecho".

Ranera ha expresado sus dudas respecto a la legalidad de determinados procedimientos, ha calificado de "ilegal" la propuesta a votar y ha echado en falta, entre otros, de un informe de la Comisión Municipal de Patrimonio, además de que se desconoce qué tipo y grado de protección se quiere aplicar.

Desde Ciudadanos, Alberto Casañal le ha acusado de que se trata de un interés partidista que no representa los intereses de la ciudad, con el que se les pide "un acto de fe", ha apuntado que en su grupo están "cansados" de esta situación y ha asegurado no entender las "prisas" con que se presenta.

Leticia Crespo, de CHA, se ha mostrado dispuesta a salvar Averly, dado que "absolutamente todos los expertos dicen que el conjunto es un todo", lo que no quiere decir, ha advertido, que sea un cheque en blanco y que le hubiera gustado un acuerdo previo con la propiedad.

La sesión ha contado con la intervención de diversas entidades como Apudepa quienes han reiterado la necesidad de la protección total del complejo, dado su valor patrimonial, del que no existe en España otro similar, como han resaltado instituciones públicas y privadas, y dotar de equipamientos a los barrios de Centro y Delicias.