Zaragoza

La ​Audiencia de Zaragoza ratifica los delitos del 'caso Kartódromo'

Ha considerado prescrito el de estafa.

Imagen de archivo de la Plataforma Logística de Zaragoza.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado en un auto los delitos de malversación, cohecho, apropiación indebida y administración desleal en el denominado 'Caso kartódromo', ha considerado prescrito el de estafa y ha confirmado que se celebre el juicio ante un jurado popular.


En este caso, están acusados el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril, así como el exviceconsejero socialista de Obras Públicas de Aragón, Carlos Esco, a los que se acusa de repartirse una comisión de unos 661.110 euros por la compra de los terrenos de un 'kartódromo' para incorporarlos en Plaza.


También esta acusado el dueño de los terrenos del 'karting', Santiago Becerril, cuyo abogado, junto con el del exgerente de Plaza, reclamaron en una vista previa celebrada el pasado 24 de mayo la prescripción de los delitos y que el caso se viera ante un juez profesional.


El pasado 10 de marzo de 2016 el titular del juzgado de instrucción número 1 de Zaragoza dictó auto de apertura de juicio oral en el denominado 'caso Katódromo' por delitos principales de malversación de caudales públicos y cohecho, con acusaciones subsidiarías de estafa, apropiación indebida y administración desleal.


Según el tribunal, existen indicios de que hubo un concierto de voluntades entre los tres para cerrar una compra de los terrenos a un precio muy superior al de mercado, 6,3 millones de euros, 4 más de lo que fijó el perito judicial, según el auto.


En los fundamentos jurídicos del auto, el juez considera que en 2004 Becerril y Esco ofrecieron primeramente al propietario 4 millones de euros, un precio superior al del mercado, pero, al negarse, lo elevaron finalmente a 6,3 millones.


La comisión de 661.110 euros (el 10 % de la operación), se la habrían repartido presuntamente a partes iguales García Becerril y Esco, según el auto del juez, que es el mismo del 'caso Plaza', en el que están acusadas por una presunta malversación millonaria de caudales públicos 25 personas, entre ellas García Becerril y Esco.