Las diferencias entre el actual alcalde de Alhama de Aragón, José María Castejón (PAR), y su antecesor en el cargo, Joaquín Antón (CHA), han rebasado la esfera política para colarse en la judicial, hasta el punto de que ambos van a verse las caras en tres juicios por otras tantas denuncias cruzadas. El primer ‘asalto’ se dirimió ayer en la Audiencia Provincial, que deberá aclarar si Antón actuó de forma ilícita al promover en 2011 a una auxiliar administrativa al puesto de secretaria municipal accidental.

El actual regidor considera que así fue, argumento en el que se basó para prescindir de los servicios de esta empleada en 2013, no solo como secretaria sino también como auxiliar administrativa, puesto que la mujer llevaba desempeñando desde el año 2000. No conforme con ello, Castejón inició acciones legales contra su predecesor y contra María Rosario A. M., denuncia que ayer llevó a ambos al banquillo de los acusados.

La acusación particular, que ejerce el propio José María Castejón a través de los letrados José Luis Melguizo y Eloísa Gimeno, imputa al exalcalde de Alhama de Aragón los delitos de prevaricación, falsificación y fraude procesal. Considera que, aprovechándose de su condición de regidor, Antón ocultó al pleno los dos decretos de alcaldía que sirvieron para ascender a la auxiliar. Por ello, pide al tribunal de la Sección Primera que sea condenado a 3 años de prisión y 9 de inhabilitación para cargo público. Para María Rosario A. M., esta parte solicita dos años de cárcel, doce meses de suspensión de empleo y dos multas, al considerarla autora de un delito de estafa procesal y otro de prevaricación en concepto de

cooperadora necesaria.

El abogado que defiende los intereses de los dos encausados, José Palacín, no solo niega la comisión de los delitos, sino que cree que el tribunal –presidido por JuanAlberto Belloch– debe "poner coto" a la "carnicería y persecución procesal" que a su parecer está llevando a cabo el actual alcalde contra Antón."Empeño que le ha costado ya al pueblo unos 100.000 euros", añadió.

¿Y qué tiene que decir a todo esto la Fiscalía? Su representante en el juicio, Asunción Losada, aprovechó ayer su informe para explicar a los magistrados que no aprecia ningún indicio de delito. Y basa su postura en el hecho de que la ahora acusada presentó una denuncia por despido improcedente en la jurisdicción social y hasta el Tribunal Supremo le ha dado la razón, obligando al Ayuntamiento de Alhama a indemnizarla con más de 30.000 euros. El asunto también se recurrió por la vía contencioso-administrativa, que también se puso del lado de la trabajadora.

Durante su declaración, Joaquín Antón dijo al tribunal que propuso a Rosario A. M. para el puesto de secretaria porque había que cubrir provisionalmente esa plaza y"ella estaba en la bolsa de interinos de la DGA y había desempeñado antes esas funciones accidentalmente"."Yo no he falsificado nunca ningún decreto", indicó el exregidor, quien recordó que el nombramiento de esta empleada fue legal,"como ha dicho el propio Tribunal Supremo".

La exempleada municipal aclaró que su llegada al cargo coincidió con la fusión del libro de resoluciones y el de decretos."Los dos decretos que dicen que son falsos han estado siempre reflejados ahí", señaló la acusada.

Sin embargo, el denunciante y actual alcalde insiste en que solo supieron de la existencia de esos dos polémicos decretos cuando se denunció el despido en la jurisdicción penal."Los ocultaron porque con ellos hacían fija a esta empleada, algo que era completamente ilegal", indicó.