La Diputación de Provincial de Zaragoza (DPZ) aprobó ayer en el pleno ordinario una modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario, que permitirá contratar a tres nuevos profesionales para reforzar el área de asistencia y asesoramiento a entidades locales. El dictamen salió adelante con los votos de PSOE, En Común, CHA y PAR y la abstención de PP y Ciudadanos.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, recordó que en su discurso de investidura se comprometió a "modernizar la Administración local", con el objetivo de prestar un mayor apoyo a los ayuntamientos. De esta manera, aunque el próximo mes se abordará la modificación del organigrama, la institución provincial se adelantó e incluyó este punto para "ofrecer un servicio integral de asesoría fiscal, contable y financiera. Cada vez es mayor la carga que se exige a los ayuntamientos respecto a estas cuestiones". De esta manera, se crearán dos puestos de secretario-interventor y otro de interventor, adscritas al Cuarto Espacio que, a su vez, formará parte de la nueva área de asistencia y modernización local, una de las previstas en el organigrama.

El pleno aprobó también ayer por la mañana una moción que presentó el portavoz de CHA, Bizén Fuster, por la que la DPZ rechaza el proceso negociador y el actual contenido del tratado transatlántico de libre comercio e inversiones (conocido como TTIP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. La propuesta –que contó con los votos a favor de PSOE, En Común y CHA;la abstención de Ciudadanos;y el rechazo de PPy PAR– denuncia "el oscurantismo en el que este proyecto se está negociando", al mismo tiempo que defiende "iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los servicios sociales", según indicó Fuster.

En la moción se exige "respeto a los derechos de la ciudadanía, principalmente a los de carácter laboral, social, sanitario y medioambiental". Al mismo tiempo, insta al Gobierno central a que garantice "una tramitación transparente durante el proceso de ratificación nacional del tratado".

Participación en los Corporales

Durante la sesión plenaria, los diputados debatieron la moción que defendió Luis María Beamonte, portavoz del grupo provincial del Partido Popular, para mantener la asistencia de la corporación a la conmemoración del milagro de los Sagrados Corporales de Daroca, declarado de interés turístico de Aragón, que se celebrará el próximo día 26, coincidiendo con el Corpus Christi.

Esta propuesta, que fue apoyada por PPy PAR (el resto de grupos votó en contra, salvo Ciudadanos, que se abstuvo), defendía el carácter institucional que debe prestar la Diputación de Zaragoza, como un "elemento de representatividad del conjunto de la provincia en momentos puntuales de la vida cultural, económica y social". Para Beamonte, la presencia de la DPZ en las tradiciones de los municipios "supone, en muchos casos, darles mayor trascendencia, a la vez que refuerza los lazos de la institución". En el caso de Daroca, añadió, esta participación cobra mayor importancia, porque este año "conmemora el 650 aniversario de su elevación al rango de ciudad".

El presidente provincial, sin embargo, mostró su "perplejidad" ante esta moción porque, según dijo, "ningún órgano –ni el pleno, ni la junta de gobierno o de portavoces ni la comisión de cultura– ha aprobado no asistir como corporación a Daroca. La corporación asistirá y todos los diputado tendrán oportunidad de asistir si así lo deciden". Los Corporales de Daroca es una de las dos celebraciones (junto al Rosario de Cristal de Zaragoza) a las que asiste la DPZ como corporación.

Además, el pleno rechazó la propuesta que elevó la portavoz de Ciudadanos, Elena Martínez, solicitando partida para un plan de apoyo a los jóvenes emprendedores para el año que viene. "A través de esta medida es posible aprovechar el talento, vertebrar el territorio y generar empleo". Tampoco salió adelante la moción presentada por José Ángel Miramón, del grupo En Común, que reclamaba la paralización inmediata de las obras del embalse de Mularroya y la anulación de la declaración del proyecto como de interés público.