El Gobierno de Zaragoza en Común, a través de la sociedad Zaragoza Vivienda, ha solicitado en varios casos procedimientos judiciales de desahucio como forma de presión para alcanzar acuerdos con morosos que, considera, no quieren pagar y han incumplido distintos acuerdos de forma reiterada, además de contar con informes sociales desfavorables. Solo uno de ellos, al que ha tenido acceso este medio, se encuentra abierto y pendiente de que el juez ponga por tercera vez fecha al lanzamiento mientras que el resto han sido solventados, según fuentes municipales. El Ayuntamiento dispone de 2.600 pisos sociales.

El Ejecutivo no ha querido facilitar cifras de morosidad y, según el concejal Pablo Híjar, no se plantea echar de su casa a nadie "estrictamente" por motivos económicos, sino por una "manifiesta voluntad" de no pagar. En los casos más extremos, Zaragoza Vivienda ha solicitado al juez el procedimiento y ha seguido negociando con el afectado hasta el último momento. Según Híjar, durante estos meses no se ha llegado a materializar la amenaza en ninguno de ellos.

Esta misma semana se ha alcanzado in extremis una solución con un caso que tenía ya fecha de juicio pero en otro supuesto, por el contrario, el trámite sigue adelante, ya que el interesado ni siquiera acudió ayer a una reunión con el propio concejal. Se trata de un moroso cuyo procedimiento se remonta a 2014 y que reconoce una deuda de casi 6.000 euros hasta el año pasado, además de no haber pagado las últimas mensualidades, acordadas en 85 euros (la renta mínima que exige la sociedad Zaragoza Vivienda).

Fuentes municipales sostienen que el hombre, de iniciales J. A. U. V., ha incumplido de forma reiterada acuerdos con rebajas económicas de la cuantía a pagar y que el hecho de pedir formalmente su desahucio no tendría por qué conllevar que se llevase a efecto, al igual que ocurrió en enero y julio de 2015 (en este caso, ya con ZEC en la alcaldía), cuando este inquilino se enfrentó a dos fechas de lanzamiento que finalmente no se cumplieron.

No obstante, el escrito de la procuradora presentado ante el juez dice: "Solicito del juzgado la continuación del procedimiento al no responder el demandado a los requerimientos efectuados y tener necesidad de recuperar la posesión de la vivienda para otras unidades familiares solicitantes de vivienda social".

A cargo de un bar

El afectado, J. A. U. V., está separado y tiene un hijo de 14 años que mantiene "en custodia compartida". Afirma que hasta hace pocos meses estaba cobrando un subsidio de 426 euros que dejó para darse de alta en autónomos –que tampoco paga hace dos meses– y abrir un bar, algo que, asegura, ha logrado porque ha recibido ayuda de varios amigos y proveedores con un dinero que está devolviendo "cada semana" porque, dice, es "de fiar". "Quiero que se sepa que me quieren echar a pesar de que dicen que nadie se tiene que quedar en la calle", esgrime en el establecimiento que regenta. "Llevo sin pagar desde octubre y he decidido dar este paso para ver si salgo de la situación de deudas que arrastro", añade. Asegura que quiere pagar, pero que "lo primero es el negocio y tener algún ingreso" frente a la alternativa de quedarse sin subsidio alguno, algo que, afirma, iba a suceder el próximo mes de abril. Teme que, además, se incremente la cantidad de dinero que le exige el Ayuntamiento.