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El Gobierno de ZEC desoye al pleno y se niega a aumentar los servicios mínimos de la huelga

PP, PSOE y C’s votan a favor de que el Ejecutivo rectifique para evitar "más perjuicios" a una ciudadanía "que está harta".La concejal de Movilidad, Teresa Artigas, defiende el 33% actual y pide a la empresa "que garantice un buen servicio".

Trabajadores del comité de huelga de Auzsa muestran carteles reivindicativos durante el pleno de ayer.
Trabajadores del comité de huelga de Auzsa muestran carteles reivindicativos durante el pleno de ayer.
Oliver Duch

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) hizo ayer oídos sordos a la petición de la mayoría del pleno de revisar e incrementar los actuales servicios mínimos del 33% decretados para la huelga del bus, que va camino de cumplir dos meses. Tanto ZEC como CHA rechazaron sendas mociones de PP y PSOE, apoyadas en ambos casos por Ciudadanos, que solicitaban al Ejecutivo de inmediato que aumente estos servicios hasta el 50%, al menos durante los próximos siete días, y fijarlos a continuación en una cantidad que "garantice la prestación del servicio público esencial en condiciones dignas". "Este Gobierno miente al decir que es neutral", exclamó el edil popular Sebastián Contín; la concejal socialista Lola Ranera fue tajante: "La gente está harta".

La concejal de Movilidad, Teresa Artigas, de ZEC, fue ovacionada hasta en cuatro ocasiones por los trabajadores en huelga que se dieron cita en el salón de plenos, sobre todo cuando rechazó que los servicios mínimos al 33% "sean el problema". Pidió a la empresa "que garantice un servicio adecuado" y reiteró que "este Gobierno es el primero que no ha cedido y no vamos a poner dinero".

El pleno vivió sus instantes de mayor tensión cuando, una vez terminado el debate, los trabajadores se retiraron lanzando algunos insultos, sobre todo dirigidos a la bancada socialista, ante lo que el alcalde, Pedro Santisteve, paró la sesión unos segundos. Después, el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, le solicitó que no tolere semejantes alusiones.

Antes, el concejal popular Sebastián Contín argumentó que el 33% se adoptó "con informes que advierten de que era un despropósito". "Son un Gobierno débil, demagogo y dogmático que aún no ha resuelto un problema y cuya especialidad es agravarlos", añadió, y reprochó a Santisteve su "por qué la huelga a mí". "El alcalde dijo que iba a mediar, a municipalizar –enseñó escritos de asesores del Gobierno– y a garantizar el servicio. Ahora ya no pueden prometer la remunicipalización". "Camarada Pedro, esta es su obra maestra, propia del egoísmo más sectario", concluyó.

Ranera, por su parte, afirmó que desde 2013, con la nueva concesionaria, "han cambiado las reglas del juego" y rechazó el argumento del Gobierno de que es una cuestión heredada. Abogó por la toma de soluciones "que mejoren la situación", como reformar recorridos o modificar horarios, y apuntó que podrían dedicarse a ello "los 1,2 millones que hasta hoy lleva ahorrados el Ayuntamiento" con los paros. Ranera insistió en que los actuales servicios mínimos impiden combinar el derecho a la huelga con el de los ciudadanos y espetó a Artigas que "han vendido expectativas de remunicipalización".

Con un tono más duro que de costumbre, Artigas replicó que han tomado parte "por la ciudadanía y la legalidad, defendiendo el interés general de la ciudad". Insistió en que la solución "no es la remunicipalización", culpó a la reforma laboral del PP de ser la causa del conflicto y pidió a los trabajadores que "acerquen posturas" con la empresa.

Alberto Casañal, de C’s, se mostró partidario de subir los servicios mínimos ante lo prolongado de la huelga y, por el contrario, Carmelo Asensio, de CHA, consideró que revisarlos sería "más que cuestionable" y que "elevarlos sería romper la neutralidad".

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