El Ayuntamiento calculó antes de la huelga del autobús que afectaría a 183.000 usuarios al día

Antes de que comenzara la huelga, el Ayuntamiento era perfectamente consciente de los efectos que tendrían unos servicios mínimos reducidos. Un informe de Movilidad estimaba que los paros parciales convocados por los trabajadores de Auzsa afectarían al 59% de los 310.000 usuarios diarios que tiene el servicio de autobús urbano, es decir, a casi 183.000 viajeros. Pese a ello, el Gobierno municipal fijó unos servicios mínimos del 33%, los más bajos de los últimos años, escudándose en dos sentencias judiciales sobre las últimas huelgas en la ciudad.

Antes de que el Gobierno decidiera que solo saldrían a la calle uno de cada tres autobuses durante las horas de paros parciales, el servicio de Movilidad hizo un informe sobre las posibles afecciones a la ciudadanía. En el texto se advierte de que "la supresión de un porcentaje más o menos elevado del servicio" podía tener diversas consecuencias, como que los usuarios consuman "más del doble de su tiempo normal en sus necesarios traslados"; que tengan que caminar "grandes distancias para atender sus necesidades"; que se tengan que usar "medios de transporte más caros (taxis), insuficientes para una demanda que puede superar los 100.000 usuarios"; que se exponga a los viajeros a "problemas de seguridad" al llenarse los autobuses con más usuarios de los que "reglamentariamente se admiten"; que los vecinos se vean "obligados a utilizar el coche propio" aumentando los atascos; y que, en definitiva, se vean "seriamente afectados su derecho al trabajo, a la escolarización o a la asistencia sanitaria".

El informe dice que el Gobierno debería fijar unos servicios mínimos que supusieran "unos intervalos de paso razonables en las distintas líneas", y que estas frecuencias deben ser "conocidas y difundidas". Llega a decir claramente que "no es conveniente fijar servicios con grandes intervalos, ya que puede producir una saturación indeseada de las paradas, con posibles alteraciones del orden público entre usuarios, o entre estos y conductores". La realidad ha demostrado que estas tensiones se producen a diario, especialmente cuando los conductores desalojan los autobuses para acudir a las cocheras. Ayer mismo circuló por las redes sociales un vídeo en el que un usuario reprendía, voz en grito, a un trabajador del bus.

Movilidad, en su informe, también refleja que el tranvía "no es una alternativa" al autobús, ya que se trata de un medio de transporte "complementario" y que el taxi, "por precio y capacidad", tampoco. Recomienda unos servicios mínimos "suficientes para que, aún con dificultad, los usuarios se puedan satisfacer otros derechos igualmente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico (trabajo, educación o salud)". En ese sentido, recuerda que en todas las encuestas sobre movilidad reflejan que la mayoría de los trayectos que hacen los usuarios son por "motivos obligados", como trabajo, estudios o visitas a los centros médicos.

A pesar de todas estas advertencias, el Gobierno municipal decidió fijar unos servicios mínimos del 33%. El alcalde Santisteve y sus concejales han repetido en varias ocasiones que esta decisión obedece a dos sentencias sobre este asunto referidas otras convocatorias de huelga del bus. La oposición, en cambio, mantiene que esos fallos judiciales se refieren a aspectos más formales que de fondo, y que el Ayuntamiento puede aumentar los servicios mínimos para, al menos, reducir el impacto de la huelga en los usuarios.