El juez comunica al Gobierno de Belloch la querella por pagar 2,1 millones de los despidos del bus

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha ordenado que se comunique su condición de querellados a los miembros del Gobierno municipal socialista que tomaron la decisión de pagar a Tuzsa los 2,1 millones de euros que costaron los despidos de 153 trabajadores en 2013. La querella, presentada por el sindicato Somos, afecta a Juan Alberto Belloch –que actualmente es magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza–, a Fernando Gimeno –consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón–, a los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza Roberto Fernández y Lola Ranera y a los exediles Jerónimo Blasco y Carmen Dueso. El actual portavoz socialista en el Consistorio, Carlos Pérez Anadón, era igualmente miembro de aquel Gobierno, pero no asistió a la sesión en la que se autorizó el polémico pago a la concesionaria del bus de las indemnizaciones por los despidos.

La querella también se dirige contra el interventor municipal, José Ignacio Notivoli, y el actual jefe de la asesoría jurídica, Luis García-Mercadal, que entonces era el coordinador del área de Presidencia, Economía y Hacienda. Estos fueron los dos funcionarios que estamparon su firma en el expediente que, más tarde, aprobaron los miembros del Gobierno municipal solo dos días antes de que Pedro Santisteve fuera investido como nuevo alcalde. Tras estudiar el escrito y la documentación presentada por Somos, el juez José Ignacio Martínez Esteban entendió que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, por lo que la admitió a trámite y pidió diversa documentación al Ayuntamiento.

Tanto el interventor como el jefe de la asesoría jurídica ya recogieron la querella, que ahora deberá llegar hasta los miembros del antiguo Gobierno de Belloch afectados. García-Mercadal ha pedido el archivo de la misma, tras presentar en los juzgados un reciente informe municipal en el que se justifica y avala el pago de los 2,1 millones. Este documento sostiene que la reducción del servicio de autobús que decretó el propio Consistorio es suficiente argumento para que el erario público asuma el coste que los despidos tuvieron para Tuzsa, entre los que se incluyeron casi 200.000 euros de multa de Trabajo por la falta de preaviso a los empleados y otros 170.000 de la minuta de los abogados que defendieron a la empresa. El juez aún no se ha pronunciado sobre la petición de este alto cargo funcionarial.Belloch y Gimeno, aforados

En caso de seguir con la causa, el magistrado deberá decidir cómo continúa con el procedimiento, ya que tanto Juan Alberto Belloch como Fernando Gimeno son aforados, el primero como magistrado y el segundo como consejero del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, no pueden ser juzgados por un tribunal de primera instancia, sino que su causa debería pasar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

No obstante, el magistrado antes tiene otra opción, como ya hiciera recientemente el titular del Juzgado de Instrucción número 12, Alfonso Tello, con el caso Apartadero de Plaza. Allí la causa afectaba a los miembros del consejo de administración de la sociedad pública, entre los que había tres aforados. Entonces, el magistrado llamó a declarar al resto y terminó por archivar el caso al no encontrar los indicios suficientes, por lo que no fue necesario elevarlo al TSJA.Ofrecimiento al Ayuntamiento

En el auto judicial en el que el juez ordena que se comunique su condición de querellados a los seis dirigentes socialistas, el magistrado también da al Ayuntamiento un plazo de cinco días para que indique "si ha sufrido perjuicio y su cuantificación por los hechos relatados en la querella", así como "los datos y alegaciones que tenga por oportuno".

Hay que tener en cuenta que el actual equipo de Gobierno de Zaragoza en Común ha criticado con dureza la decisión que tomó el PSOE de pagar los despidos a Auzsa, y que ha abierto un expediente administrativo paralelo para tratar que los juzgados decrete la lesividad de este acto. Es decir, que se le reconozca al Ayuntamiento que tomó una decisión que fue perjudicial para sus propios intereses.