​Rivarés preguntará a Gimeno si sus cuentas en el Ayuntamiento valen para negociar con la DGA

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha destacado el acuerdo de todos los grupos municipales para hacer un frente común ante el Gobierno de Aragón sobre la deuda pendiente de pago al Consistorio, la financiación de las competencias impropias y la Ley de Capitalidad.

Rivarés se ha reunido este martes con los portavoces de todos los grupos municipales para acordar una postura común que trasladará al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en la reunión que mantendrá este miércoles.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rivarés ha precisado que será una toma de contacto entre ambos y en las próximas citas acudirán también los portavoces de los cinco grupos municipales para ir con una posición común del Ayuntamiento.

"Hay una pregunta esencial para Gimeno y es si las cuentas que hacía como vicealcalde y consejero municipal de Hacienda siguen siendo válidas para esta negociación" ha cuestionado Rivarés para requerirle al consejero de Hacienda los puntos de partida para empezar a hablar y en cuánto se sustenta la Ley de Capitalidad.

El Gobierno de Aragón "tiene que poner en sus presupuestos alguna cantidad, que hoy no se ha definido, para poder financiar la Ley de capitalidad y exigir la devolución de la deuda", ha remachado.

En tono firme ha reiterado que "exigimos que en los presupuestos del Gobierno de Aragón haya una cantidad mínima para financiar la Ley de Capitalidad, que es tan importante para la ciudad como el Estatuto de Autonomía para Aragón", ha comparado.Cifras

Entre las cifras que ha aportado Rivarés de la legislatura anterior ha recordado que la deuda del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza es de 50 millones de euros, las competencias impropias tienen un coste de 113 millones de euros, pero se podría reducir a 90 millones en función de las que se definan como tal y además el fondo de la Ley de Capitalidad sería de cerca de 50 millones de euros al final de la legislatura, pero se fijaba una cifra inicial de 24 millones.

Las competencias impropias dejará de prestarlas el Ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2016, según la legislación vigente y, en caso de seguir prestándolas "como es nuestra voluntad", el Estado podría dejar de enviar la financiación al Gobierno autónomo para destinarlo al Ayuntamiento.

Rivarés ha reconocido que entre los cinco grupos municipales "hay divergencias, pero no son tantas" y atañen a la cantidad, especialmente en la financiación de la Ley de Capitalidad sobre la que algún grupo "cree que hay que poner ya alguna cantidad de partida y otros que en virtud de acuerdo es mejor no definirlo".

La intención del consejero municipal es "primero ir a escuchar y luego plantear batalla los cinco grupos porque tenemos poco tiempo y los presupuestos del Ayuntamiento dependen de como vayan esas negociaciones y de cuanto dinero pague la Diputación General de Aragón, cuando pagará lo que debe y como se definirá la ley de capitalidad para poder saber cuanto podremos gastar".

Finalmente, ha precisado que "técnicamente está medido lo que se debe a la ciudad" y ha calculado que el esperar a cerrar una cifra "igual beneficia a la ciudad porque la reforma fiscal que pretende la DGA posibilitaría que nos diera más dinero, ya que piensan recaudar 100 millones de euros más y en Zaragoza vive en 50 por ciento de la población de la Comunidad autónoma", ha apostillado.