El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado por unanimidad el plan de inversiones en los barrios rurales de la provincia, que este año está dotado con 555.543 euros y que permitirá realizar 33 actuaciones en 25 municipios distintos.

El plan aprobado-que no incluye a los barrios rurales de Zaragoza capital- atiende a esa especificidad y otorga 13.888,9 euros a cada barrio rural reconocido como tal por la institución provincial, han informado fuentes de la DPZ.

No obstante, esa cantidad se asigna a los efectos de determinar la cuantía global que corresponde a cada municipio, ya que los ayuntamientos pueden destinar la ayuda al proyecto y al barrio rural que consideren más prioritarios.40 barrios rurales

Por eso, aunque en la provincia de Zaragoza hay reconocidos 40 barrios rurales, el plan aprobado hoy recoge 33 actuaciones cuya subvención oscila entre los 13.800 y los 43.900 euros.

Gracias a este plan, van a poder ejecutarse la rehabilitación de la entrada a Santa Anastasia por la calle Corta y la mejora de las aceras de la calle San Isidro de Talareña, ambos en Ejea; la urbanización de viarios en el barrio de Cunchillos, en Tarazona; el asfaltado de la calle Sin Nombre de Rodén, en Fuentes de Ebro; o la pavimentación de la calle Fragua de Inogés, en El Frasno.

Además, en el pleno, se ha aprobado por unanimidad una moción de CHA que muestra la "profunda solidaridad" de la Diputación de Zaragoza con los refugiados.

Asimismo, se lamenta las actitudes de "profunda insolidaridad" hacia ellos que se dan tanto en Europa como en España e invita a los ayuntamientos zaragozanos "a adherirse a la red aragonesa de municipios de acogida en colaboración con el Gobierno de Aragón y con las entidades del Tercer Sector, coordinadamente con la Federación Española de Municipios y Provincias y la red estatal de ciudades de acogida".

Del mismo modo, todos los partidos políticos han apoyado otra moción del grupo En Común que apoya al colectivo de las BRIF en sus reivindicaciones laborales y "sugiere" a la empresa estatal Tragsa y al Ministerio de Medio Ambiente, "como gestor y responsable del servicio" que prestan estas brigadas, que reconozcan esas peticiones.

La moción será trasladada tanto al Ministerio como al Gobierno de Aragón, a los grupos de las Cortes, a la Asociación de Trabajadores de las BRIF y a los sindicatos con representación en el comité de empresa de Tragsa.