El intento del Ayuntamiento de Zaragoza de condicionar la cesión de un suelo educativo en Valdespartera a la construcción de un centro de gestión pública, para evitar así la instalación de un concertado en el barrio, se ha topado con los tribunales. En una sentencia firmada el pasado día 4, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza estima el recurso presentado por la DGA y recuerda que con su decisión el Ayuntamiento invadió competencias autonómicas, además de contravenir la Ley de Educación. El fallo no es firme.

La polémica se produjo el pasado mes de febrero, cuando se hizo público que varias empresas estaban interesadas en construir un gran centro privado-concertado en Valdespartera. En concreto, estaba previsto ubicarlo en tres parcelas para uso educativo en la calle de Mago de Oz. La propuesta más sólida era la de una sociedad patrimonial madrileña, que hace dos años compró el colegio Las Tablas de la fundación Estudiantes de baloncesto.

La empresa planteó un gran centro educativo, valorado entre 16 y 20 millones de euros, y ponía a disposición del barrio más de 7.000 metros de instalaciones deportivas: piscina cubierta, campo de fútbol de hierba artificial, pabellón polideportivo, gimnasio, pistas de pádel... Se calcula que el colegio podría tener capacidad para más de 1.000 alumnos.

Tres parcelas

El Gobierno de Aragón solicitó la cesión de tres parcelas al Ayuntamiento para posteriormente poner en marcha un concurso público y recibir ofertas. Este asunto causó polémica en el Ayuntamiento y PSOE, CHA e IU pactaron que esa cesión debería incorporar la exigencia de que el centro educativo fuera de gestión pública directa.

Como recoge la sentencia, la cláusula tercera del acuerdo de cesión aprobado en marzo incluye que "las parcelas objeto de mutación demanial quedan expresamente vinculadas a la exclusiva construcción de equipamientos públicos gestionados directamente por la Administración Pública". Esta decisión supuso un recurso judicial por parte del Ejecutivo autonómico.

La sentencia establece que la decisión de PSOE, CHA e IU no tiene el amparo del convenio marco suscrito en 2010 entre el Ayuntamiento y la DGA para la cesión de suelos, que "no contiene condicionamiento ni restricción alguna, ni contempla la posibilidad de su imposición". Pero añade que la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Bases de Régimen Local y el Estatuto de Autonomía avalan los argumentos jurídicos del Gobierno de Aragón.

En concreto, la Ley Orgánica de Educación establece que "la prestación del servicio público de educación se realizará a través de los centros públicos y de los privados concertados". "Por tanto -dice la sentencia-, la cooperación por parte del Ayuntamiento con la administración educativa no se limita a los centros docentes públicos". En este sentido, según la juez, la limitación impuesta por el Ayuntamiento supone "restringir la prestación del servicio público de la educación".

En el gobierno municipal ayer no se había tomado la decisión de recurrir y fuentes de la Gerencia de Urbanismo anunciaron que la sentencia está en fase de estudio por parte de los servicios jurídicos. Eso sí, los grupos políticos sí que hablaron, aunque desde puntos de vista contrapuestos.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, destacó que los argumentos jurídicos recogidos en el fallo "son plenamente coincidentes" con los que su grupo mantuvo hace unos meses para denunciar ese "condicionamiento de carácter sectario". "Es una excelente oportunidad para dar luz verde a una inversión de 16 millones de euros y 200 puestos de trabajo", afirmó Suárez. El portavoz del PP exigió al responsable de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, que no la recurra y "no ponga más impedimentos a la llegada de un proyecto educativo que ayudará a resolver el problema de equipamientos docentes y deportivos en el sur de Zaragoza".

CHA e IU coincidieron en que hay que recurrir la sentencia. "El juez aplica la ley reformada por el PP que lo permite pero no entra a valorar si es una ley justa. A nosotros nos parece completamente injusto que el único suelo público para equipamiento educativo se ceda gratuitamente a una empresa privada, que tiene todo el derecho a construir lo que quiera, por supuesto, pero que compre el suelo", afirmó el portavoz de CHA, Juan Martín.

En la misma línea, el portavoz de IU, José Manuel Alonso, pidió que se recurra el fallo. "Respetamos los procedimientos judiciales, pero una decisión así podría vulnerar las competencias municipales y aboca a las familias del barrio a cambiar un potencial colegio público por uno privado-concertado", advirtió. Según Alonso, la sentencia "supone un golpe bajo a la escuela pública". "Las familias de Valdespartera llevan tiempo luchando por más plazas en la escuela pública, no para que la DGA privatice un solar", afirmó.