Acusan a un empresario y a un técnico de prevención de causar dos abortos a una trabajadora

El fiscal mantiene que los imputados no advirtieron a la empleada de que el uso de pegamento con tolueno es peligroso para las embarazadas

El empresario Domingo B. y el técnico en prevención de riesgos laborales David C. fueron juzgados ayer como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y dos delitos de aborto por imprudencia grave. Sus letrados piden su absolución pero tanto el fiscal como el abogado de la acusación particular los consideran responsables de los dos abortos que le tuvieron que practicar a la joven que trabajaba en la tienda-taller de Domingo B. y les piden un año de prisión y el pago de una indemnización de 124.820 euros. En su opinión, ni el empresario le alertó de la peligrosidad de utilizar pegamento que contiene tolueno en caso de embarazo por el alto riesgo de crear malformaciones en el feto, ni el técnico hizo una evaluación correcta de los riesgos laborales, ni recomendó unas medidas de protección especiales al emplear ese adhesivo. 


El tolueno es un hidrocarburo presente en combustibles, disolventes o pegamentos, entre otros usos. Es una sustancia nociva y su toxicidad depende de la concentración y de la proporción en que se inhale, la exposición que se tenga al producto y la susceptibilidad individual de cada persona. Según afirmó en el juicio la médico forense Marisa Tomás, no debe ser usado ni por menores de 18 años ni por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 


La trabajadora denunció a la empresa en 2012 después de haber tenido que someterse a dos abortos y comentarle una ginecóloga que la causa podría estar en su centro de trabajo, ya que una de sus funciones era pegar plantillas ortopédicas. Aseguró que comentó que estaba embarazada y que su jefe no le dijo nada sobre el peligro del pegamento. 


Por su parte, Domingo B. declaró que tiene una empresa de productos deportivos y que la trabajadora no hacía plantillas de forma habitual sino que esa tarea era suya y de su hijo y ella se dedicaba a atender al público. Añadió que contrató un servicio de prevención de riesgos laborales y que nadie le advirtió de la toxicidad del tolueno. "No sabía ni que existía", dijo. Por ese motivo, un técnico de la empresa de prevención inspeccionó el lugar y elaboró un informe en el que no le dijo que el pegamento era peligroso para las embarazadas ni que el local no era el adecuado por falta de ventilación, extremo que negó ya que aseguró que el taller tiene tres puertas. 


Por su parte, el técnico afirmó que su evaluación fue correcta en términos cualitativos y, que según percibió en su visita a la tienda, no era preciso el uso de mascarillas o guantes, en especial para la empleada puesto que su función era fundamentalmente la venta al público. Añadió que un tóxico no es el peligroso en sí mismo sino que depende de la frecuencia de uso y el tiempo de exposición.


Tras dejar el trabajo, la empleada tuvo dos hijos que están sanos, por lo que la forense concluyó que es "altamente probable" que los abortos estén relacionados con la inhalación de tolueno.