La Fiscalía considera que los abogados de Agapito descalificaron al juez Picazo

La Fiscalía Provincial de Zaragoza estima que los abogados de Agapito Iglesias utilizaron "manifestaciones gratuitas, graves y descalificadoras" contra el juez del caso Naves, Francisco Picazo, al acusarlo de ser parcial, adoptar medidas "arbitrarias" e instruir las diligencias al "dictado" de los medios de comunicación en el recurso que presentaron contra la retirada del pasaporte a su cliente. Por ello, el fiscal jefe provincial, Alejandro Fernández, pone de manifiesto que los letrados pueden ser sancionados por el propio titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza. No obstante, ha archivado la investigación abierta al no apreciar que las afirmaciones de los abogados sean constitutivas de un delito, tal y como entendía el juez al dar traslado de los hechos el pasado mes de junio.

Los letrados Javier Sánchez-Junco y Miguel Ángel Alemán presentaron a finales de mayo un duro escrito contra la decisión de retirar el pasaporte al empresario, hasta el punto de advertir la posible recusación del juez por carecer "de la necesaria y preceptiva imparcialidad". En su recurso, señalaron que imputaba delitos a su cliente de forma "alegre y gratuita" y estaba vulnerando "claramente sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías". Yllegaron a acusarle de tener "animadversión" a Agapito Iglesias e instruir las diligencias al "dictado" de los medios de comunicación.

Los abogados son muy críticos con la instrucción de Picazo, que entiende que hay pruebas de que el empresario se repartió 17,8 millones de euros de Plaza provenientes de una promoción de naves con el exgerente y el exdirector técnico de la sociedad pública, Ricardo García Becerril y Miguel Ángel  Pérez, y con el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco.

El fiscal jefe recalca que la Constitución reconoce, dentro del artículo referido al derecho fundamental de defensa, un refuerzo de la libertad de expresión "salvo que supere los límites del insulto y la descalificación". Recurriendo a jurisprudencia, añade que la libertad de expresión, en el ejercicio de la defensa, es "especialmente inmune a las restricciones", aunque en este caso se ha rebasado este derecho y, añade, se desprende una "posible responsabilidad disciplinaria". Lo sostiene en que no se   observan  en sus afirmaciones "el respeto y la debida rectitud"."Falta de respeto al magistrado"

Alejandro Fernández argumenta que en el recurso de los letrados se aprecia, "no una crítica de la actividad del juez", sino la existencia de "una descalificación innecesaria de su comportamiento profesional, mediante afirmaciones que intentan poner en duda o menospreciar su ética". Y llega a la conclusión de la "clara e indudable intención de faltar al respeto al magistrado, olvidando la más elemental cortesía procesal". Por si fuera poco, añade que todas las afirmaciones de la defensa son subjetivas, "meras conjeturas o suposiciones de parte, sin ninguna consistencia".

Pese a todo, el fiscal jefe de Zaragoza no considera que hayan injuriado al juez y, por tanto, no sepuede acreditar la comisión de un delito. Eso sí, abre la puerta a que Picazo aplique sanciones disciplinarias en esta causa o a través de un nuevo procedimiento.

El magistrado ya contestó a los abogados en el auto por el que rechazaba el citado recurso a la retirada del pasaporte, solo una horas después de recibirlo y empleando una especial contundencia. Subrayó que las descalificaciones no suponían más que un "recurso manido" y un intento de "presión", "frecuentemente utilizado" cuando "lo que realmente se desea es apartar a un juez incómodo".