Los fiscales de Aragón, 15 años mayores que la media nacional

Los funcionarios de las Fiscalías Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel son los más veteranos de toda España. Según la memoria de la Fiscalía del Estado, Aragón es la Comunidad con menor índice de rotación entre funcionarios y con la media de edad más alta, situada en los 50,79 años a diferencia de los 35 de la nacional.

Se trata, según la delegación aragonesa de la Asociación Nacional de Fiscales, de una de las particularidades del órgano aragonés. "Aragón es, a diferencia de otras comunidades, tierra de opositores. Los jóvenes abogados de aquí siempre han tendido a hacer oposiciones para el sistema judicial. Con los años esos funcionarios han ido regresando a su tierra", explica su delegado. A ello se suma que en los últimos años se han paralizado las convocatorias de oposiciones y la entrada de nuevo personal ha sido menor. Lo que, según fuentes de la Asociación Nacional de Fiscales, no implica que "la Fiscalía en Aragón no tenga futuro sino que los opositores serán destinados a otros lugares y tardarán quizá uno o dos años en moverse a Aragón". 

La estabilización de la plantilla, que cuenta con más mujeres que hombres, también ha supuesto una resolución más efectiva de los casos. "En otras Comunidades el personal va cambiando cada dos meses y por ello se produce una ralentización de los procesos", comentan desde la delegación.

Necesidades cubiertas

A la estabilidad de personal se suma la mejora de los problemas de espacio que han venido experimentado los órganos provinciales. Este martes la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, inauguraba el Palacio de la Justicia de Huesca en el que se unificarán las tres sedes judiciales actuales de la provincia.  Un problema que en Teruel se solventó con la ampliación del Palacio de la Justicia hace unos meses. En la Fiscalía provincial de Zaragoza el cambio se produjo en mayo de 2013 cuando se inauguró en los edificios de la Exposición Internacional del Agua la nueva Ciudad de la Justicia. Según cita el Informe del ejercicio 2013 presentado recientemente por el órgano, "el traslado al edificio de la nueva Ciudad de la Justicia ha supuesto que finalmente los fiscales estén ubicados en despachos individuales y dignos". No obstante todavía quedan algunos flecos sueltos como la creación de un espacio adecuado para las víctimas de delitos cometidos por menores, con el fin de evitar el contacto visual entre ambos y un refuerzo de personal para la unidad de delitos económicos.

Más delitos fiscales y electrónicos

En Aragón trabajan más de medio centenar de fiscales. Según el informe, en 2013 estuvieron presentes en más de 10.200 juicios, una cifra muy similar a la del año anterior y en el conjunto de la Comunidad se dictaron un total de 4.144 sentencias, un 4,8% menos que el año anterior.

"Aragón se encuentra en torno a unos valores de criminalidad razonables en comparación con otras comunidades, sobre todo aquellas que cuentan con zona de costa", explican desde la delegación. Aún así, y según el informe del ejercicio 2013 de la Fiscalía de Aragón, se han producido aumentos en algunos delitos como las estafas informáticas, los delitos económicos, los robos y las agresiones sexuales. Un incremento que es extrapolable al conjunto del país y que, en cierta medida, se debe al aumento de la vigilancia y de la investigación en estos ámbitos delictivos. 

Propuestas de los fiscales

El órgano también ha querido reflejar su opinión con respecto a las novedades legislativas. De esa forma, la Fiscalía de Huesca propone una regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se detalle las circunstancias en las que se podrá pedir recurso de apelación contra las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales en primera instancia.

Desde la Fiscalía de Teruel, por otro lado, se propone dejar la competencia del Tribunal del Jurado para delitos de homicidio y asesinato mientras en Zaragoza consideran interesante la reforma de la duración de la medida cautelar de internamiento de los menores, y la posibilidad de ampliar el plazo máximo de 9 meses para los mismos en el caso de delitos graves como asesinatos o agresiones sexuales, para evitar que dicho plazo venciera antes de recaer sentencia firme.

Asimismo todos insisten en la necesidad de seguir perfeccionando los medios tecnológicos para la gestión de los casos con el fin de optimizar los recursos consiguiendo "una mayor fiabilidad y calidad".