La recogida especial de residuos sólidos urbanos con medios propios que llevan a cabo grandes superficies comerciales, empresas y un conjunto de 61 ayuntamientos pasarán a pagar de 17 euros la tonelada a 32 euros por el tratamiento que se realiza en el ecovertedero de Zaragoza, ha avanzado el vicealcalde, Fernando Gimeno. 

Hasta ahora estas empresas y municipios han pagado 17 euros la tonelada, lo mismo que los vecinos de la ciudad, pero los zaragozanos además pagan "de forma indirecta en otros impuestos" otros 17 euros por el tratamiento de los residuos, que ahora también tendrán que abonar los grandes productores de residuos sólidos urbanos que los trasladen al ecovertedero con sus propios medios, ha precisado. 

"Lo paga quien lo traiga" ha sintetizado Gimeno para dejar claro que "el Ayuntamiento no puede subvencionar ni a los municipios, ni a las Diputaciones Provinciales, ni al Gobierno de Aragón" para estimar que "sería injusto para los zaragozanos" que paguen más por este concepto. 

En rueda de prensa, ha indicado que para ello se iniciará el procedimiento de modificación puntual de las ordenanzas fiscales que permitirán cumplir los acuerdos políticos alcanzados con los grupos municipales de CHA e IU y aprobados por el Gobierno municipal. 

Estos acuerdos recogen también la concesión de ayudas al pago del impuesto de plusvalía y afecta a la cancelación de deudas y transmisiones por cancelaciones hipotecarias por causas socioeconómicas sobrevenidas y siempre que el valor del suelo sea inferior a 41.000 euros y que la vivienda sea la habitual.

POLICÍA LOCAL 

La tercera modificación puntual es la ordenanza que atañe a los servicios especiales prestados por la Policía Local en el caso de espectáculos públicos, eventos y actividades extraordinarias, aunque no se haya solicitado la intervención del cuerpo policial y siempre que se produzca un beneficio para el organizador del evento. 

Estos servicios especiales son la vigilancia, señalización vial, acotamiento de espacios, control del tráfico y seguridad vial de los afectados por las actividades privadas, tanto en la vía pública, como en sus propios establecimientos, cuando para garantizar el normal funcionamiento del tráfico y la seguridad del tránsito de personas se exija la intervención extraordinaria de estos servicios. 

Gimeno ha reconocido que no se sabe cuánto dinero se puede recaudar por este concepto, para apuntar que "se analizará cada caso y se cobrarán los costes" y ha apostillado que las tres modificaciones de las ordenanzas se deberán ratificar por el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.