El Ayuntamiento de Zaragoza podrá seguir prestando, ante la aplicación de la ley de administración local, los servicios sobre los que ha pedido un informe al Gobierno de Aragón en los ámbitos de servicios sociales, educación, salud, medio ambiente, consumo y empleo, al tratarse de competencias propias.

Así lo ha indicado este lunes el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, quien ha precisado que el Gobierno de Aragón colabora en la financiación de esos servicios y no tiene por qué cambiar, supeditada a la negociación con el consistorio en su momento.

Suárez ha detallado que este mismo lunes se ha remitido al ayuntamiento zaragozano una respuesta respecto de los servicios concretos sobre los que pedía informe y ha resaltado que se le ha contestado "en plazo y forma".

Ha explicado que la interpretación del Gobierno de Aragón respecto de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales es exactamente la misma que la del Ministerio de Hacienda y que hace unos días ya se informó a los ayuntamientos, y además está disponible en la web del Ejecutivo.

Así, se distingue entre las competencias propias -las fijadas en el artículo 25.2 de la norma y todas aquellas que deriven de la legislación sectorial estatal y autonómica-, las delegadas y las que no son ni propias ni delegadas, denominadas impropias.

En este último caso, ha detallado que en el caso de que los ayuntamientos las quieran ejercer precisan de un doble informe vinculante sobre la sostenibilidad financiara y la ausencia de duplicidades.

En ese aspecto, ha indicado que el Ayuntamiento de Zaragoza no precisa de un informe vinculante respecto de los servicios sobre los que ha pedido informe porque se trata de competencias propias derivadas de la legislación sectorial estatal o autonómica.

Ha concretado respecto de las competencias en educación, sanidad y servicios sociales que no estén incluidas en el artículo 25.2 de la ley y no sean propias por la legislación sectorial, si fueran de los ayuntamientos, quedarían supeditadas a la reforma que en materia de financiación autonómica y local se ha comprometido a acometer este año el Gobierno central.

Suárez ha recordado que el pasado miércoles compareció en la Comisión de Política Territorial e Interior de las Cortes para dar cuenta de esta interpretación, con lo que no se "inventa nada", se cumple con la ley "escrupulosamente" y se trata de ayudar a los ayuntamientos sobre los que el Gobierno de Aragón tiene la tutela financiera.

Suárez ha comentado que además del Ayuntamiento de Zaragoza, han solicitado informes la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y los ayuntamientos de Huesca, Andorra, Fraga, Utebo y Tarazona, a los que se contestará a lo largo de los próximos días.

El objetivo de la ley, ha recalcado el consejero, es garantizar la prestación de todos los servicios con independencia de qué administración los preste y ha apuntado que la ley de administración aragonesa, que ya tendría que estar aprobada, será complementaria a la estatal.

Ésta ha de delimitar el papel que deben jugar las comarcas y las diputaciones y, en su opinión, establecer algunas cuestiones respecto a algunas competencias de los ayuntamientos.