Los grupos municipales pidieron ayer celeridad al Gobierno de Zaragoza para adaptar la actual ordenanza sobre las bicicletas a la sentencia del Tribunal Supremo, dada a conocer este viernes, que prohíbe que los ciclistas circulen por las zonas peatonales y las aceras y obliga a modificar la actual norma municipal. PP, CHA e IU defendieron que este fallo (que no les ha sorprendido ya que ratifica una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Aragón) debe convertirse en una oportunidad para repensar el uso de la bici en la ciudad.

«Hay que aplicar la sentencia y sacar las bicicletas de las aceras. No hay que darle más vueltas. Este fallo clarifica la situación y permite resolver los problemas que hay entre peatones y ciclistas en las aceras», apuntó el concejal del PP Sebastián Contín, quien lamentó que la actual ordenanza «no se ha cumplido en ningún momento en este punto». Se refiere a que la normativa de Zaragoza solo permitía el uso de las aceras en casos excepcionales (zonas peatonales y aceras de más de cuatro metros de ancho). Pero la realidad es que hay ciclistas que, por ejemplo, van por aceras estrechas como las de Don Jaime I.

Contín también añadió que, aunque la ordenanza se aprobó por unanimidad, su partido ha presentado diversas iniciativas esta legislatura para mejorar la convivencia entre peatones y ciclistas. Una de ellas defendía eliminar la acera bici sugerida que hay en el paseo de la Independencia («que es uno de los puntos más problemáticos»). Esta es una forma de carril bici que estaba contemplada en la ordenanza, pero que ahora el Supremo ha prohibido. El fallo argumenta que la actual Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación destinan las aceras y las zonas peatonales «exclusivamente» a viandantes, y que los carriles bici deben tener una «separación espacial» con respecto a la zona que utiliza el peatón.

La eliminación de la figura de la acera bici sugerida está clara, pero la interpretación de dicha «separación espacial» genera dudas con otras vías. Por ejemplo, ¿se consideraría que el carril bici sobre el bulevar de Fernando el Católico y Gran Vía está suficientemente «desgajado» de la acera, o realmente no hay una separación tan clara? Pablo Muñoz, concejal de IU, cree que en este punto no habrá «ningún problema», ya que dicho carril bici «está segregado». Muñoz dijo que su grupo, «como regla general», está de acuerdo con esta sentencia, pero consideró que hay algunos espacios peatonales, «como la plaza del Pilar», donde sí que se debería de permitir el paso de ciclistas.

CHA pide una mesa de trabajo

Por su parte, la concejal de CHA Leticia Crespo anunció que su partido presentará mañana un documento para que se cree de forma urgente un grupo de trabajo para analizar la sentencia y modificar la actual ordenanza. «El Observatorio de la Bicicleta está bien como órgano participativo –argumentó–, pero no tiene capacidad de ejecutar una decisión. Por eso, entendemos que se debe crear un mesa de trabajo con presencia del Gobierno, los grupos y colectivos de ciclistas y peatones».

Por lo demás, CHA e IU incidieron en que el Congreso está trabajando en la modificación del actual Reglamento General de Circulación, cuyo proyecto incluye, precisamente, permitir que los ciclistas vayan por la acera. Esta norma –que se prevé aprobar en verano– viene a completar la reciente reforma de la Ley del Tráfico, que trajo como novedad para este sector la obligatoriedad del casco para los menores de 16 años. No obstante, Crespo y Muñoz defendieron corregir mientras tanto la ordenanza de acuerdo al fallo del Supremo.

El proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación –que es público– da potestad a los ayuntamientos para regular la circulación de las bicicletas en la ciudad como crean conveniente, si bien exigirá –de salir adelante con su actual redacción– una serie de requisitos mínimos para que todas las ordenanzas estén relativamente armonizadas entre sí. Estos son que la acera o zona peatonal tenga una anchura superior a tres metros, que no se utilicen cuando hay demasiados peatones y que se circule a una distancia de al menos un metro con respecto a la fachada.

Fuentes de Movilidad señalaron ayer que los servicios jurídicos están estudiando la sentencia y a partir de ahí se decidirá cómo actuar. Algo que –señalaron– es complejo porque, precisamente, hay que tener en cuenta que este posible cambio normativo del Reglamento General de Circulación chocaría con al menos buena parte de la sentencia, ya que esta se ha basado en la normativa estatal vigente.