El exconcejal de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril (junio 2007-abril 2009), y el empresario, Carmelo Aured, han presentado un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial que les condenó a seis meses de prisión por un delito de tráfico de influencias.

Los abogados defensores de ambos condenados, Cristina Ruiz Galve y César Ciriano, han informado de que el citado recurso de apelación se ha presentado el pasado viernes, día 25, y este pasado lunes, 28 de abril, respectivamente, y ahora el TSJA abrirá una vista oral nueva en unos meses.

La sentencia, dictada el pasado 9 de abril por el magistrado-presidente del tribunal del jurado, Alfonso Ballestín, recogía además para Becerril la accesoria de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante este tiempo, e inhabilitación especial para empleo y cargo público durante tres años.

También, el exconcejal socialista deberá pagar una multa de seis meses, con una cuota diaria de 10 euros por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público y abuso en el ejercicio de su función, y deberá abonar dos sextas partes de las costas del juicio.

Cristina Ruiz Galve ha indicado que en el escrito "se argumentan los motivo legales que faculta la ley del jurado" para puntualizar que el escrito de apelación se ha registrado "en la Sección Sexta del tribunal del jurado" para su traslado al TSJA.

Pena a Carmelo Aured

Seis meses de prisión fue también la pena que impuso al empresario Carmelo Aured como autor responsable de un delito de tráfico de influencias, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También deberá hacer efectiva una sexta parte de las costas del juicio.

Al respecto, César Ciriano ha explicado que en el recurso de apelación de su cliente en el denominado 'caso Becerril' se insiste sobre todo en tres puntos, para "acreditar que no hubo tráfico de influencias y que no se cumple el artículo 429 del Código Penal, y por tanto, según la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que alegan y "que establece doctrina ya clara y consolidada, se señala que "solo hay tráfico de influencias si hay un beneficio económico claro y contrastado, y si se ha logrado un resultado y hay una clara entidad en lo conseguido".

Ciriano ha subrayado que en el escrito se recalcan tres aspectos. Uno de ellos es que la información que Carmelo Aured suministró a las empresas "está amparada en la Ley de procedimiento administrativo y de contratos y que estaba a disposición de todo el público desde tiempo antes a licitarse los contratos".

Otro punto que esgrimen es que "no hubo ningún dinero, regalo o precio de por medio, y que se facilitó de modo desinteresado". En el tercer aspecto manifiestan que "ninguno de los contratos se adjudicó a absolutamente ninguna empresa". Tras esta exposición ha aseverado que, "por tanto, no existe delito".

Para arropar sus argumentos ha aludido al fundamento jurídico 9 de la sentencia el magistrado ponente Ballestín, quien "con acierto", según Ciriano, dice que la multa de 1.000 euros que solicitaba el Ministerio Fiscal la suprime, porque "no ha habido beneficio económico" para Carmelo Aured ni para ningún tercero.

"Luego si no hay beneficio y en el tipo penal del artículo 429 del código penal sobre el tráfico de influencias se exige que exista este beneficio, si no lo hay, no habría delito", dice en una nota de prensa.

Juicio

La vista oral se celebró del 17 al 28 de marzo, cinco años después de que unas escuchas telefónicas sobre la 'Operación Molinos' revelaran que Becerril podría haber utilizado su cargo para beneficiar a algún constructor.

Estas escuchas se captaron al ser intervenido el teléfono de Carmelo Aured por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) en el transcurso de la 'Operación Molinos', que destapó una presunta trama de corrupción urbanística, en la que se encuentran imputadas 43 personas, entre ellas el propio Aured y la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla.