Las irregularidades denunciadas en los cinco casos de Plaza suman ya 152 millones

Más 152 millones de euros. Este el importe que suman ya las presuntas irregularidades que constan en las cinco causas abiertas en los tribunales por las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), el proyecto estrella del anterior Gobierno PSOE-PAR. Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía y del Tribunal de Cuentas, unidas a los peritajes judiciales y a los aportados por la actual dirección de Plaza, han destapado lo que sería una malversación de más de 115 millones en la urbanización de la plataforma, a la que se suman el "sobrecoste injustificado e irregularidades" en las naves y edificios encargados al dueño del Real Zaragoza y del grupo Codesport, Agapito Iglesias, por 29,4 millones. Y a esto hay que añadir los más de tres millones del desfase en la construcción de la planta de Caladero.

Todo ello ha provocado que un total de 25 personas estén imputadas en los cuatro casos abiertos por la vía penal por administración desleal, estafa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, fraude y cohecho. Únicamente el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, está encausado en todos ellos y es el único que ha entrado en prisión, que eludió tras depositar una fianza de 300.000 euros. También figuran en dos de las instrucciones el exdirector técnico de la sociedad pública, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco. Este es el único político involucrado en la trama judicial de Plaza.

La lista de imputados se completa con las dos hijas y la mujer de García Becerril; dos de los cuatro delegados que estuvieron al frente de la UTE Accciona-MLN que urbanizó Plaza, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón; responsables técnicos de Plaza, Intecsa-Inarsa y de la propia UTE; los administradores de Plaza Desarrollos Logísticos y subcontratistas que trabajaron en la urbanización de la plataforma. Entre los 25 también figura el dueño del Real Zaragoza y del grupo Codesport, Agapito Iglesias.Un proceso que se remonta a 2012

La judicialización de Plaza comenzó en enero de 2012 por iniciativa del Gobierno de Rudi, que denunció a García Becerril por un sobreprecio millonario en la obra de dos edificios encargados a una firma de Agapito Iglesias, Zaragoza Plaza Center. La sociedad pública, controlada por la DGA, le acusó de administración desleal por informar indebidamente al consejo sobre la operación, lo que la encareció. Sin embargo, la Audiencia ratificó el archivo provisional al entender que no había indicios de criminalidad.

De este caso se deriva el que está pendiente de juicio por la vía civil, en el que debe dirimirse la reclamación de 14,5 millones por enriquecimiento sin causa al grupo Codesport, al que se encargó un edificio de oficinas y un centro de FP en la plataforma. El peritaje designado por el juez acaba de estimar el sobrecoste en 14,2 millones tras revisar toda la documentación, cotejar las facturas de los gremios e industriales que intervinieron en las obras, además de revisar los proyectos y hacer "diversas visitas" a los edificios, aún sin ocupar.

La irrupción de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las denuncias de un trabajador de Acciona, Chabier Mayayo, y del actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, en el verano de 2013 dio un giro a la situación. Para entonces, Plaza había perdido su batalla judicial contra la UTE Acciona-MLN por los desfases en la urbanización, que cifró en más de cien millones tras encargar dos peritajes.Punto de inflexión

El denominado caso Plaza disparó el alcance de las irregularidades. Si Anticorrupción estimaba en agosto que la malversación en las obras de urbanización superaba los 50 millones, en diciembre duplicaba ya sus cálculos, como se detalló en otro informe pericial aportado por la sociedad pública. Allí se recogen hasta ocho proyectos que se certificaron y abonaron y nunca se ejecutaron, entre los que se incluyen tres saneamientos de tierras, cuatro estacionamientos, una docena de bajantes de agua de lluvia y el sistema de videovigilancia del complejo.

La siguiente causa que se abrió fue la de las obras de Caladero tras la fiscalización que hizo el Tribunal de Cuentas de la gestión de la DGA en 2008-2009 y que desembocó en la primera imputación de Carlos Esco junto a la de los otros tres administradores de Plaza Desarrollos Logísticos. Dicha sociedad pública se encargó de construir y arrendar una macrofactoría de pescado a la firma Caladero. Lo que la juez investiga es el desfase de la obra de interiores de la planta, que se disparó en más de 3,3 millones tras aprobarse un modificado y un complementario para cubrir los gastos de trabajos sobrevenidos.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas también remitió a Zaragoza otras dos actuaciones bajo sospecha, las adjudicaciones del apartadero ferroviario y de la ampliación de Plaza a la misma UTE que ya urbanizaba la plataforma por 15,5 millones.

La trama judicial de Plaza se completa con el caso Naves, en el que el juez instructor ha concluido esta misma semana en un auto que las obras de una promoción de naves adjudicadas a Codesport se hincharon de forma "artificial" en más de 15,2 millones. Además, sostiene que los cuatro imputados ?Carlos Esco, Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril y el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez? "se lucraron e incorporaron a su patrimonio el mencionado sobrecoste injustificado" de forman premeditada, para lo que urdieron "un plan".