La Delegación del Gobierno en Aragón ha dado diez días al Ayuntamiento de Mallén para que anule el acuerdo plenario por el que Antonio Asín sigue siendo alcalde del municipio y tome conocimiento de que el regidor debe dejar sus cargos aunque su inhabilitación no sea firme. De lo contrario, este organismo no solo recurrirá la decisión en los tribunales, sino que además informará a la Fiscalía por si la actuación del Consistorio puede ser delito.

La Delegación ha incluido esta advertencia en un requerimiento que ya ha enviado al Ayuntamiento de Mallén, y su aviso se suma al que ya efectuó la secretaria-interventora del Consistorio. La funcionaria puso de manifiesto en un informe que, si el Consistorio no toma conocimiento de la incompatibilidad del alcalde, los miembros de la corporación podrían tener que afrontar responsabilidades incluso penales –el escrito cita el delito de prevaricación–.

Asín fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricar, pero el fallo de la Audiencia incluyó un voto particular discordante y además le absolvió de otros cuatro delitos –falsificación documental, fraude, cohecho y otro más de prevaricación– por los que la Fiscalía y la acusación particular pedían entre tres y doce años de prisión y hasta 33 de inhabilitación.

El alcalde ha recurrido la sentencia ante el Supremo. Sin embargo, desde hace tres años la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que, aunque su condena no sea firme, los inhabilitados por delitos contra la administración –como la prevaricación– incurren en causa de inelegibilidad (no pueden presentarse a las elecciones) y de incompatibilidad (no pueden permanecer en sus cargos públicos).

Basándose en esa norma básica estatal y en la doctrina de la Junta Electoral Central –que ha sido consultada sobre este caso y ha reiterado que los inhabilitados como Asín tienen que dejar sus cargos–, la secretaria general de la Diputación de Zaragoza ha emitido un informe que también concluye que Asín incurre en causa de incompatibilidad. El próximo miércoles, el pleno de la DPZ tomará conocimiento de ello y el regidor inhabilitado dejará de ser diputado.

En cambio, y a pesar de que la secretaria-interventora había llegado a la misma conclusión avisando de posibles consecuencias incluso penales, en el Consistorio de Mallén el alcalde llevó este asunto al pleno del 20 de marzo como votación –no como toma de conocimiento–. Esto permitió que seis de los siete ediles del PSOE –uno no asistió– apoyaran que Asín siga como alcalde y concejal basándose en otros tres dictámenes jurídicos aportados por el propio regidor que defienden su continuidad: dos de su abogado, Enrique Trebolle, y otro del catedrático de Derecho Constitucional Juan Carlos Gavara.

La Delegación del Gobierno en Aragón considera que ese acuerdo plenario es ilegal y ya ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Mallén en el que le da diez

días para anularlo. Además, el escrito concede ese mismo plazo para convocar un pleno extraordinario en el que se tome conocimiento –sin votación alguna– de la incompatibilidad del alcalde.

El requerimiento de la Delegación también da un mes para que el Consistorio revise la legalidad de todos los actos administrativos en los que ha participado Asín desde que fue comunicada la sentencia que le inhabilita, ya que podrían ser nulos de pleno derecho. Y concluye con la advertencia de que, si no se cumplen sus dos primeras peticiones, informará de ello a la Fiscalía por si se estuviera cometiendo algún delito.

Ahora habrá que ver cuál es la reacción del alcalde de Mallén;de los concejales, que pueden forzar la celebración de un pleno con el orden del día que ellos decidan si lo pide al menos una cuarta parte de la corporación;y de la secretaria-interventora interina –la titular está de baja laboral–.

Además de acudir a la Fiscalía si el Ayuntamiento no rectifica, el organismo que dirige Gustavo Alcalde recurrirá por lo contencioso el acuerdo plenario por el que Asín sigue como regidor. La DGA, que igualmente considera que es «nulo de pleno derecho», también podría impugnarlo, aunque según ha dicho dejará que lo haga la Delegación por ser un tema electoral.