El alcalde de Mallén, Antonio Asín, presentó en la Diputación de Zaragoza varios informes jurídicos para defender que puede seguir siendo diputado provincial. Sin embargo, esto no ha modificado el criterio de los letrados de la DPZ. La secretaria general de la institución, María del Carmen Crespo, ha emitido un dictamen que concluye que, aunque su inhabilitación no es firme, el regidor incurre en causa de incompatibilidad y debe dejar todos sus cargos.

La situación de Asín se abordó ayer en una junta de gobierno extraordinaria de la Diputación cuyo único punto fue la propuesta para elevar al pleno la sentencia que le condena a siete años de inhabilitación y sus efectos jurídicos. Tras escuchar a la secretaria general, el líder del PSOE de Zaragoza y portavoz del grupo provincial socialista, Martín Llanas, intervino para respaldar a los letrados de la DPZ.

«He pedido la palabra para expresar en nombre del grupo socialista nuestra absoluta confianza en el criterio de la secretaria general y del resto de asesores jurídicos de la casa», explicó el propio Llanas tras la reunión. El máximo responsable de los socialistas zaragozanos detalló además que la funcionaria dijo que el oficial mayor y el resto de letrados de la DPZ comparten el contenido de su informe.

«Confiamos en que Antonio Asín sea absuelto por el Tribunal Supremo, y además creemos que hay muchas posibilidades de que eso suceda, pero ahora no queda más remedio que aceptar el criterio de la Junta Electoral Central y de la secretaria general», añadió Llanas, quien también destacó que «en estos tiempos lo que la gente quiere es que se cumpla la ley» y recordó que, si finalmente es absuelto, el alcalde de Mallén «tendrá que tomar las medidas que considere oportunas para defender sus intereses».

Asín fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricar, pero la Audiencia Provincial de Zaragoza le absolvió de otros delitos –falsificación documental, fraude, cohecho y otro más de prevaricación– por los que la Fiscalía y la acusación particular pedían entre tres y doce años de prisión y hasta 33 de inhabilitación.

El regidor ha recurrido la sentencia, dictada con un voto particular discordante, ante el Supremo. Sin embargo, desde hace tres años la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que, aunque su condena no sea firme, los inhabilitados por delitos contra la administración –como la prevaricación– incurren en causa de inelegibilidad (no pueden presentarse a las elecciones) y de incompatibilidad (deben dejar todos sus cargos públicos).

Asín presentó en el Ayuntamiento de Mallén dos informes de su abogado, Enrique Trebolle, y un tercero del catedrático de Derecho Constitucional Juan Carlos Gavara que defienden que el regidor inhabilitado puede seguir siendo alcalde y diputado. Es posible que esos mismos dictámenes sean los que aportó en la Diputación de Zaragoza, pero el criterio de sus letrados no ha variado y coincide con el de la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Mallén, el de la Delegación del Gobierno en Aragón, el de la DGA y con la doctrina de la Junta Electoral Central –que tras una consulta de la DPZ ha reiterado que a los inhabilitados como Asín hay que aplicarles lo dispuesto en la ley electoral–.

En su informe, Crespo no entra a valorar los dictámenes aportados por el alcalde de Mallén y concluye que el pleno de la Diputación es el órgano competente para tomar conocimiento de la incompatibilidad de Asín y para informar de esta circunstancia a la Junta Electoral Central para que expida la credencia el favor del sustituto de Asín –que será el alcalde de Utebo, el socialista Miguel Dalmau–.

En el pleno del próximo miércoles

Ese paso se dará en el pleno de la DPZ del próximo miércoles y no habrá votación alguna, a diferencia de lo sucedido en Mallén. Un informe de la secretaria-interventora del Consistorio concluyó que Asín incurría en causa de incompatibilidad de la que el pleno solo tenía que tomar conocimiento y avisó de posibles responsabilidades incluso penales en caso de no hacerlo. Sin embargo, el alcalde incluyó ese punto como votación y seis de los siete ediles del PSOE –uno faltó– apoyaron que siguiera en el cargo basándose en los informes aportados por el regidor.

La Delegación del Gobierno considera que ese acuerdo plenario es ilegal, por lo que pedirá al Ayuntamiento de Mallén que lo anule y lo recurrirá en los tribunales si el Consistorio no rectifica –la ley da a la corporación un mes desde que reciba el requerimiento–.

El Gobierno de Aragón también cree que el acuerdo impulsado por el PSOE de Mallén es «nulo de pleno derecho» e igualmente puede impugnarlo. No obstante, fuentes de la DGA explicaron ayer que igual no lo hace porque considera que, al ser un tema electoral, quien debe recurrir es la Delegación del Gobierno. No obstante, el Departamento de Política Territorial ya ha avisado a todas las consejerías de que no se puede reconocer la validez legal de los actos dictados por Asín de forma individual o colegiada –la secretaria de Mallén ya destacó que, desde el momento en que ocupa el cargo de forma «indebida», sus actos pueden ser nulos–.