La defensa de los imputados en el caso Caladero pedirá que se archive la causa

Los abogados defensores de los cuatro imputados por presunta prevaricación administrativa en el caso Caladero solicitarán a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, el archivo y sobreseimiento de la causa tras presentar este lunes el Gobierno de Aragón un acta de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

En el acta, el Tribunal de Cuentas afirma que "no procede considerar ocasionados menoscabos en los fondos públicos determinantes de responsabilidad contable por alcance".

La juez investiga el sobrecoste de 3,31 millones de euros de la construcción, en terrenos de Plaza, de una nave industrial, que levantó la sociedad pública Plaza Desarrollos Logísticos (PDL), instalación que arrendó la empresa agroalimentaria Caladero.

La titular del Juzgado ha tomado declaración este lunes a la actual directora de empresas participadas de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, Pilar Valdivia, y el exdirector financiero de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Pedro Colás, asistidos por los letrados Jesús García-Huici y Eladio Mateo, respectivamente.

El jefe de los servicios jurídicos de la Diputación General de Aragón (DGA) ha entregado en la sede judicial el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, fechada el pasado viernes, 7 de febrero, que excluye cualquier responsabilidad contable.

En el acta se han basado precisamente las declaraciones de Colás, quien ha contestado a las preguntas de la juez durante más de una hora, y de Valdivia, quien ha comparecido durante una hora y media. Ninguno de los dos ha contestado a las preguntas de la letrada que representa a UPyD, que representa a la acusación popular, y el Ministerio Fiscal no ha asistido a la vista, como ocurriera el pasado 22 de enero, cuando declararon el exviceconsejero de obras Públicas, Carlos Escó, y el exconsejero delegadod de la Corporación Empresarial Pública, Santiago Coello.

Los cuatro imputados desempeñaron funciones de administradores mancomunados de la sociedad pública PDL, constituida en 2007, en la construcción y el arrendamiento de la nave a Caladero.

"Somos inocentes"

"Hemos intentado dejar claro que no solo somos inocentes, sino que no ha existido nunca tal delito", ha declarado Pedro Colás a los medios de comunicación al término de su declaración, en la Ciudad de la Justicia.

Su abogado, Eladio Mateo, ha aportado el documento mencionado y ha resaltado la "ausencia de hechos desde el punto de vista jurídico penal". Ha comentado que "no hay responsabilidad, no la había antes" y el acta del Tribunal de Cuentas "vienen a enfatizar esta situación".

En representación de Pilar Valdivia, que ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación, el abogado Jesús García-Huici ha aseverado que los contratos firmados por Plaza Desarrollos Logísticos con la empresa CONAVINSA para la construcción de la nave "se adecúan al mercado" y que la realización de estos trabajos está acreditada. Ha apuntado que el Gobierno de Aragón envió el acta a PDL el viernes pasado, aunque este lunes lo ha aportado a la juez.

En su declaración, Pilar Valdivia "ha aclarado lo poquito que había que aclarar porque creemos que a lo largo de la instrucción se está quedando todo bastante claro", ha explicado García-Huici, quien ha puesto de relieve que se ha presentado documentación "justificativa de sus actuaciones e intervenciones y el por qué de estos proyectos modificado y complementario".

Estos proyectos "están totalmente justificados con las autorizaciones correspondientes de ampliación de endeudamiento por parte del Gobierno de Aragón", ha continuado el abogado de Valdivia, quien ha confiado en que la juez valore "adecuadamente" la documentación y dicte una resolución favorable para los intereses de su patrocinada. El acta es "un documento definitivo", ha señalado García-Huici, quien espera que la causa "no continúe adelante" penalmente.

Por su parte, defensor de Carlos Escó, Juan Carlos Monclús, ha señalado que los hechos no reúnen los requisitos establecidos por la ley para generar responsabilidad contable por alcance, siguiendo el acta del Tribunal de Cuentas. "No hay ni siquiera indicios de delito", ha agregado.

Monclús ha dicho también que los dos comparecientes de este lunes "han corroborado totalmente" las declaraciones de Escó y Coello "y han ampliado con más detalles" las declaraciones de estos, dado que han estado al frente de PDL los últimos dos años.

El abogado de Coello, José Manuel Marraco ha indicado que "difícilmente pueden prevaricar por que no son autoridad ni funcionario público". Las defensas "esperamos que se frene la huída al Derecho penal", ha añadido.

La letrada de UPyD, Irene Romea, ha lamentado que los comparecientes hayan declinado contestar a sus preguntas, una de las cuales pretendía esclarecer por qué PDL no firmó las fichas modificativas que daban lugar a la ampliación del crédito con el que se financió la obra. Ha expresado que "en Palma se acuñó la teoría del amor y aquí se ha acuñado la teoría del 'estaba por aquí pero no sé para qué". La acusación popular va a solicitar más pruebas documentales.

Órgano fiscalizador

El Tribunal de Cuentas detectó las presuntas irregularidades, que aparecen en el informe del órgano fiscalizador correspondiente a las cuentas del Gobierno de Aragón y sus empresas públicas en 2008 y 2009. La Fiscalía del Tribunal remitió este informe al juez decano de Zaragoza, que decidió abrir diligencias.

Una vez comenzó la instrucción, la Fiscalía de Zaragoza pidió -y se incorporó al expediente judicial- la certificación del registro mercantil de todos los asientos de Plaza Desarrollos Logísticos, el contrato original de construcción de la nave de Caladero, así como el modificado y el complementario, junto con las actas provisional y definitiva de recepción de la obra, y que se citara a declarar a Escó, Coello, Pilar Valdivia y Pedro Colás, lo que la juez concedió.

En el acta presentada este lunes, la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador expresa que los hechos reflejados en el informe de fiscalización de Plaza Desarrollos Logísticos "no reúnen los requisitos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para generar responsabilidad contable por alcance".

El tribunal señala que el informe remitido por PDL al Tribunal de Cuentas fechado el 4 de enero de 2011 indica que, una vez emitida la licencia de actividad, el Ayuntamiento de Zaragoza "determinó la necesidad de ejecutar un túnel de evacuación subterráneo para incendios", a lo que se suman otras modificaciones que se realizaron para "adaptarse a los requerimientos de la protección contra incendios".

Además, la parcela sobre la que se levantó la nave de Caladero era una antigua gravera, lo que dio lugar a "innumerables problemas en la cimentación, lo cual hizo que el movimiento de tierras y cimentación se retrasase y afectase a su vez al resto de contratas". Se tuvo que hacer una cimentación especial.

Estos acontecimientos "determinaron la concurrencia de una serie de circunstancias generadoras de necesidades que implicaron modificaciones en las obras programadas con la finalidad de adaptarlas a los requerimientos de seguridad e imprevistos detectados, generando retrasos involuntarios, así como un importe total de adjudicación superior al inicialmente contratado.

"No procede considerar ocasionados menoscabos en los fondos públicos determinantes de responsabilidad contable por alcance". "Cabe considerar acreditada la prestación", señala el Tribunal de Cuentas.

La adjudicación inicial, formalizada el 5 de mayo de 2008, tuvo un coste de 11.258.435,71 euros IVA incluido, la modificación del contrato elevó el precio a 13.147.379,08 euros y el contrato complementario sumó 1.423.626,33 euros, por lo que el importe total certificado fue de 14.571.005,41 euros.